EFE.- Bulgaria, que preside este semestre la Unión Europea (UE), no va a ratificar de momento el convenio europeo contra la violencia hacia las mujeres debido a la falta de apoyo político, incluso dentro del Gobierno, y a las presiones de la Iglesia ortodoxa.
Así lo ha anunciado el primer ministro, Boiko Borisov, quien ha asegurado que el documento no será sometido a la ratificación del Parlamento hasta que no haya suficiente consenso en la sociedad al respecto.
Borisov explicó que su formación, la populista GERB, retira el documento porque no cuenta con el apoyo de su socio de gobierno, el ultranacionalista y xenófobo Patriotas Unidos, ni del Partido Socialista, el principal de la oposición, que ha puesto como condición a su apoyo que se celebre un referéndum.
A la ratificación también se ha opuesto la Iglesia ortodoxa y el jefe del Estado, el prorruso Rumen Radev.
Bulgaria firmó ya en 2016 su adhesión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, pero su Parlamento aún tiene que ratificarlo.
Tanto Patriotas Unidos como la Iglesia han alertado de que la ratificación del documento fomentará el matrimonio homosexual y permitirá la aceptación de un tercer género.
El partido ultra amenazó con romper la coalición de Gobierno si el GERB llevaba la ratificación al Parlamento y en varios templos se han organizado servicios religiosos contra el convenio.
Por su parte, el presidente búlgaro ha dicho que hay parte del texto que van contra el sistema de valores de la sociedad búlgara y que este convenio no evita la violencia machista, ya que, argumenta, el problema sigue existiendo en varios de los países que ya lo han ratificado.
Borisov ha acusado a quienes se oponen a que Bulgaria aplique este convenio de «jugar con los miedos de la gente» y de mentir sobre su contenido.
También ha dicho que la falta de apoyo de los socialistas «pone en duda la pertenencia del país a la UE».
El Convenio de Estambul es el primer instrumento vinculante para enfrentar la violencia contra las mujeres y obliga a los Gobiernos a establecer medidas de prevención del maltrato, protección de las víctimas y persecución de los agresores.
Ha sido firmado por 45 de los 47 socios del Consejo de Europa, todos menos Azerbaiyán y Rusia, y entró en vigor en 2014. Ha sido ratificado por 28 Estados
