Los activistas y ONG se enfrentan a un «patrón de ataques» contra su labor en los países de la UE, según un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA). Amenazas, campañas de desprestigio, recortes de fondos o restricciones legales a su trabajo son algunos de los obstáculos impuestos a ONG y activistas. «La sociedad civil no suele estar preparada para estos ataques. Están acostumbradas a defender a los demás, no a sí mismas», dice la FRA
ANTONIO M. VÉLEZ. ELDIARIO.ES.- En abril de 2015, D.G. visitó una localidad de Rumanía para brindar apoyo a la comunidad gitana en sus denuncias de constantes abusos policiales. El activista resultó gravemente herido en un ataque grupal organizado presuntamente por un jefe de la Policía local. Un año antes, en España, la oficina madrileña de SOS Racismo fue atacada por un grupo de extrema derecha con una pancarta llena de mensajes xenófobos como «¡Alto a la invasión!».
En Grecia, a finales de 2016, varios ultras interrumpieron una conferencia sobre derechos humanos gritando consignas racistas y amenazando de muerte a los participantes. En Francia, Bélgica y Bulgaria, varias organizaciones han expresado su preocupación por la prohibición de protestas en el marco de la lucha antiterrorista.
Los casos se acumulan año tras año. En un escenario mundial de violencia creciente contra los defensores de derechos humanos, las ONG y las entidades sociales que operan en Europa sufren también «un patrón de amenazas y presiones» en todo el continente. Así lo ha denunciado en un reciente informe la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA), un organismo independiente que asesora en esta materia a la UE y sus Estados miembros.
En el documento, la Agencia concluye que cada vez se ha vuelto más difícil para las ONG ejercer su labor y contribuir a proteger los derechos humanos en Europa. Esto se debe, dicen, a varios tipos de obstáculos que se producen sin distinciones entre países o tipos de Gobierno.
Además de las amenazas, ataques físicos y descalificaciones, las organizaciones están enfrentándose a cambios en la legislación que perjudican su actividad, a recortes de fondos y a una falta de participación en la elaboración de leyes y políticas.
«Esta situación inaceptable debería ser una prioridad para los responsables políticos a nivel de la UE y nacional», señala el director de FRA, Michael O’Flaherty. El organismo ha recordado a los países miembros que deben cumplir las normas internacionales y reconocer el papel de la sociedad civil, así como vigilar que las decisiones políticas no menoscaben su trabajo, proteger su financiación y escuchar y abordar sus preocupaciones.
Amenazas y campañas de desprestigio
En los últimos años, las ONG y sus integrantes han sido víctimas de ataques físicos y verbales y amenazas de particulares que los Estados deberían «prevenir e investigar con prontitud e imparcialidad». Los activistas, señalan los expertos, aguantan a menudo la intimidación y los ataques «como ‘parte de su trabajo».
«La sociedad civil no suele estar preparada para estos ataques. Están acostumbradas a defender a los demás, no a sí mismas», agregan. Aunque los casos difieren en función de los países, todos tienen algo en común: ninguno recopila datos oficiales sobre estos ataques.
Asimismo, defensores y organizaciones sociales son blanco de un discurso político negativo que cuestiona «su legitimidad y su reputación» y «ridiculiza» sus actividades. Los efectos son varios: socava la confianza en las ONG, alimenta la hostilidad y la falta de seguridad, y desmotiva al propio personal.
La FRA insiste en que esta falta de reconocimiento, unido a otros factores, también genera problemas en su salud mental, algo que no se protege lo suficiente. «El desgaste, la depresión, el agotamiento inducido por la ayuda y el trauma son frecuentes entre activistas de la sociedad civil», detallan en el informe.
Algunas ONG y defensores en Europa han sido acusados de ser «agentes extranjeros» o «traficantes de personas», según la Agencia. En este sentido, se muestra preocupada por quienes defienden los derechos de los migrantes y recoge el caso de un activista que denuncia insultos por parte de policías en la frontera francesa, así como las amenazas recibidas el verano pasado por la defensora española Helena Maleno.
Cambios legales y restricciones a la libertad de reunión
Los cambios o la aplicación inadecuada de las leyes también han tenido impacto en la actividad de las ONG, según el informe. Las organizaciones denuncian trabas a la hora de registrarse y leyes de lobby que restringen su capacidad de informar al público.
Por otro lado, varios países como Holanda, Suecia y España mantienen una legislación penal que prohíbe la difamación o el insulto a los funcionarios del Estado. «Los activistas necesitan con frecuencia criticar al Estado y pueden sentir menos poder si se enfrentan a sanciones criminales».
No obstante, lo que más destacan es un efecto «particularmente negativo» en la libertad de reunión pacífica que han tenido las medidas adoptadas contra el terrorismo en los últimos años.
Menos presupuesto y más trabas para obtener fondos
La falta de acceso a los fondos fue lo que despertó hace años las primeras alarmas sobre la situación de las ONG en Europa tras el estallido de la crisis financiera. Según la FRA, se trata de un problema que afecta a las organizaciones en todos los países de la UE.
Esta falta de recursos se traduce, en la práctica, en que las organizaciones no pueden desempeñar su labor de forma eficaz. Se debe, según la Agencia, a la reducción de los presupuestos en algunos Estados miembros y a procedimientos complejos y «no siempre transparentes» para acceder a subvenciones.
En países como Croacia, Hungría y Polonia, ONG han denunciado «la falta de transparencia» en el reparto de fondos.
Falta de participación en la elaboración de leyes
Por último, aunque la Agencia considera que en la UE existe «un amplio acuerdo» sobre la necesidad de implicar a estas organizaciones a la hora de legislar y elaborar políticas, en la práctica no se termina de cumplir.
Hay un «acceso limitado a la información» sobre estas iniciativas políticas, a menudo tienen «plazos muy ajustados» y «no hay retroalimentación» por parte de los funcionarios, concluye el informe.
