El recurso pide la reapertura de la causa y adjunta los testimonios audiovisuales de hasta ocho familiares de víctimas o de testigos de los bombardeos. La letrada reclama revisar el sobreseimiento provisonal para «poder depurar sin más demora las responsabilidades que correspondan ante unos hechos especialmente graves»
AITOR GUENAGA. ELDIARIO.ES.- El recurso contra el archivo provisional de la querella presentada contra 46 pilotos de la aviación fascista que participaron en los bombardeos de Durango (Bizkaia) en 1937 censura la «nula actividad» del juez para investigar los hechos. El recurso, al que ha tenido acceso este diario, critica que el juez Javier García haya dado carpetazo a la investigación «habiendo practicado únicamente una
diligencia de instrucción: la ratificación de la querella por parte del representante legal del querellante. Ni una comprobación más, ni una actividad instructora dirigida a averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos y sus posibles autores».
Los querellantes, el Ayuntamiento de Durango, consideran en su recurso de apelación que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. «No se han practicado las diligencias necesarias para desmentir o confirmar los hechos contenidos en la querella y la responsabilidad de los querellados», apuntan en los 13 folios del escrito presentado ante el juzgado.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Durango, en la resolución de archivo adelantada por este periódico, argumentaba que los «hechos» relatados en la querella y en el informe pericial -una costosa investigación histórica- «obedecen a indicios o datos difusos que no pueden contextualizarse con toda seguridad en la realidad fáctica». Donde el juez instructor inicialmente veía indicios para investigar crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, ahora cree que lo detallado no «resulta determinado que fueran dichas personas y no otras las que participaran en los días concretos en los que se produjeron los bombardeos objeto de autos». Y básicamente esa indeterminación le lleva a dar carpetazo provisional a la investigación.
«Aterrorizar a la población»
Cuando se cumplió el 80 aniversario de este ataque contra la población civil, la agrupación cultural Gerediaga de Durango reveló que había identificado a los pilotos y las tripulaciones de esos tres aviones. La investigación, dirigida por Jon Irazabal y que se adjuntaba íntegramente en la querella, revelaba los nombres de los miembros del ejército italiano relacionados con el bombardeo. Es tan precisa y meticulosa que, en diez casos, se ha logrado fijar hasta sus alias. En el recurso, la abogada Anaïs Franquesa Grisso vuelve a enumerar las identidades de 45 de los pilotos y el alias del número 46, el subteniente ‘Pasancel’. La querella criminal se dirigía precisamente contra los 46 miembros del Ejército italiano dirigidos por el general Vicenzo Velardi ‘ Velani’ que decidieron ayudar a Franco y al Ejército sublevado en el frente norte. El general Velardi ayudaba a Franco en su estrategia de «aniquilamiento» y de «aterrorizar» a la población civil en el frente norte, según se relataba en la querella. En total, murieron 336 personas en los bombardeos.
Al archivar la investigación, el juez instructor ha invocado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se detalla que “no cabe en nuestro proceso penal llevar a cabo una investigación general, sin partir de hechos concretos penalmente relevantes y de personas a las que pudieran atribuirse tales hechos”. Por contra, el recurso niega que «nos encontramos en este caso en una “investigación general” en la que resulte aplicable la referida doctrina jurisprudencial». El escrito apunta que se «relata de forma muy pormenorizada los hechos objeto del proceso: los bombardeos llevados a cabo el día 31 de marzo de 2017, especificando qué aviones (y aviadores) bombardearon por la mañana y cuáles por la tarde, así como qué edificios fueron derribados en cada ocasión. Se trata de hechos concretos llevados a cabo por personas determinadas e identificadas, reseñadas en la querella con nombres y apellidos».
En ese sentido, la letrada recuerda la investigación realizada por el historiador Jon Irazabal, de la Asociación Gerediaga Elkartea, especializado en la materia, que se desplazó expresamente a Roma para acceder a la información contenida en el Ufficio Storico, base de la querella presentada el pasado 18 de julio ante los juzgados de Durango.
Para que el juez valore la reapertura de la causa se adjuntan los testimonios audiovisuales de hasta ocho familiares de víctimas o de testigos de los bombardeos. Entre ellos están los de Luis Altuna, cuyo padre murió en los bombardeos; Teresa Setién, que también perdió a su padre; José Antonio Olea, que perdió a su abuelo y a dos hermanos; las testigos Felicitas Uribe e Isabel Agirrebeitia, ambas primas que «recuerdan tanto los bombardeos como los ametrallamientos del 31 de marzo de 1937» y Alberto Barreña, que vivió en primera persona el ametrallamiento en el camino del cementerio de la localidad, y Lucía Gamboa. También aportan dos escritos en primera persona de sendos testigos de los bombardeos.
«Los testimonios directos aportados, en consecuencia, vendrían a suplir esa supuesta falta de concreción que se atribuye a la querella presentada por el Ayuntamiento, en caso que la Sala compartiera la opinión del Instructor en este sentido», argumenta la letrada catalana.
Se reitera que los hechos son susceptible de encajar en el delito de lesa humanidad -algo que indiciariamente también pensaba el juez instructor a l admitir a trámite la querella en julio pasado. Y por todo ello «se solicita una revisión de la decisión de sobreseimiento, a fin de poder depurar sin más demora las responsabilidades
que correspondan ante unos hechos especialmente graves».
