Desde hace años las instituciones europeas, la Unión Europea y el Consejo de Europa, e internacionales como la OSCE, la UNESCO y Naciones Unidas, vienen reaccionando a los brutales actos de terrorismo que son alimentados desde posiciones que identifican al extremismo violento como su causa inmediata. Los Estados participantes en las mismas han reafirmado su compromiso en prevenir, eliminar e investigar y enjuiciar los delitos de terrorismo y asociados con el extremismo violento insistiendo en que ni deben, ni pueden asociarse con ninguna raza, etnia, nacionalidad o religión. Han expresado su preocupación por jóvenes y menores que están siendo víctimas de una radicalización que les conduce al terrorismo, así como ante la comisión de atentados terroristas dirigidos hacia personas o grupos en base a su etnia, religión o creencia, estimulando la intolerancia multidimensional que interactúa y que a su vez aviva la radicalización hacia el extremismo violento que conduce al terrorismo. Las instituciones europeas e internacionales han condenado todas las manifestaciones de intolerancia, reafirmando la voluntad de fomentar la tolerancia y la no discriminación, el respeto y el entendimiento mutuo en las sociedades y el compromiso de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, enfatizando en la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión o creencias, subrayando la necesidad de medidas políticas, refuerzos legislativos e insistiendo en el papel de la Educación y del compromiso de la sociedad en su conjunto.
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