La Comisión 19 de Marzo, un colectivo formado por activistas feministas y LGTB de Extremadura, ha denunciado públicamente la agresión sufrida por un chico transexual en una discoteca de Mérida, al intentar acceder al baño que correspondía a su identidad de género. El colectivo ha lamentado además la actitud de la Policía Nacional, que “no supo dar respuesta adecuada” a la víctima cuando acudió a interponer la correspondiente denuncia.
DOS MANZANAS.- Los hechos ocurrieron, según el comunicado que ha difundido la Comisión 19 de Marzo, la semana pasada en la discoteca Poseidón de la capital extremeña. Un chico transexual, Kaím, intentó acceder al baño de hombres, hecho que desencadenó la agresión tanto al joven como a un acompañante que lo defendió. “No solo quisieron impedirle el acceso, sino señalarle ante el resto de personas, agrediéndole tanto a él como a su amigo”, refiere la nota del colectivo. “Las víctimas denunciaron ante la Policía los hechos sucedidos (…) Desde la Comisión 19 de Marzo queremos recriminar no solo la agresión y el acto de humillación que se quiso hacer, también la actitud pésima de la Policía, que no supo dar respuesta adecuada a la víctima”, añade.
La Comisión 19 de Marzo, además de expresar su solidaridad con las víctimas, ha demandado a la Junta de Extremadura que “ponga en marcha ya los protocolos de actuación policial para que en las comisarias puedan saber cómo actuar y qué deben evitar cuando se encuentren ante un caso de LGBTIfobia”.
El propio Kaím, de hecho, ha contado en su canal de YouTube algunos detalles más de la agresión. Allí explica que el agresor (al que se unieron después varios más) lo conocía ya, y que el principal damnificado fue su cuñado y amigo, que sufrió, entre otras lesiones, un esguince y contusiones faciales. Por lo que se refiere a la actitud policial, aunque sí se tramitó la denuncia como un posible delito de odio, el joven comenta que una mujer policía le aseguró que lo recomendable es que use el baño en función de lo que diga su DNI, y no de su identidad de género.
Extremadura no es inmune a la LGTBfobia
En septiembre hacíamos referencia a un acto vandálico claramente planificado contra dos murales en favor de la igualdad LGTBI en Pizarro (Cáceres). Un par de meses antes, nos hacíamos eco de una agresión homófoba en Villanueva de la Serena (Badajoz). Y el junio recogíamos otro ataque vandálico de carácter homófobo, también perfectamente planificado, a “Los colores de Mérida”, un monumento a la diversidad LGTBI inaugurado pocos días antes en la capital de Extremadura.
Y es que Extremadura, una región en la que los colectivos han desarrollado un gran trabajo de concienciación sobre la realidad LGTB, no es ni mucho menos inmune a la LGTBfobia. Según la estadística del Ministerio del Interior sobre delitos de odio correspondiente a 2016, en Extremadura fueron denunciados tres incidentes relacionados con la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. Es cierto que son cifras bajas en comparación con otras comunidades, pero como el ejemplo de la agresión de Villanueva de la Serena ilustraba, en muchos casos (especialmente en entornos rurales en los que víctimas y agresores son conocidos) las víctimas presentan una escasa disposición a denunciar.
Extremadura cuenta, conviene recordar, con una avanzada ley de igualdad y no discriminación contra las personas LGTBI, aprobada por unanimidad en marzo de 2015 (en concreto, el 19 de marzo, fecha que precisamente da nombre al colectivo que ahora ha denunciado la agresión tránsfoba de Mérida). Sin embargo, más de dos años y medio después de su aprobación sigue sin tener un completo desarrollo reglamentario, como denunciaba el exdiputado regional Víctor Casco a raíz de la agresión de Villanueva de la Serena y como ahora denuncia el colectivo 19 de Marzo.
Algo que, por desgracia, parece estar convirtiéndose en costumbre en aquellas comunidades que han aprobado leyes similares, incluso antes que en Extremadura: el pasado mes de junio, por ejemplo, activistas catalanes ocuparon durante unos minutos el vestíbulo de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat como protesta por la falta de aplicación y por el incompleto desarrollo reglamentario de la ley catalana contra la LGTBIfobia, aprobada en octubre de 2014.
