En las últimas horas se han producido cuatro nuevos arrestos, entre ellos uno de los cabecillas de los Yomus, que tiene tatuada la cara de Hitler y una esvástica
TONI CUQUERELLA. ELDIARIO.ES.- Las detenciones de los ultras que protagonizaron la ‘cacería’ de la extrema derecha a participantes en la manifestación del 9 d’Octubre van creciendo cada día. Así ya son 8 los ultras detenidos después de que se hayan arrestado 4 más durante las últimas horas, según informa el periódico Levante-EMV.
Entre ellos destaca la detención del ultra de los Yomus Vicent Estruch, de 42 años y conocido en València como ‘l’Alfarrasí’ y en su comarca de origen como ‘cap de pot’ (cabeza de bote). Estruch, que llegaba a burlarse de las críticas a los hechos violentos en su cuenta de twitter, ha bloqueado todos sus perfiles en las redes sociales, tanto los personales como los profesionales, ya que este regenta un gimnasio en Benigànim (cercano a su localidad de nacimiento), el Sparta Gym (anteriormente Elite Sport), donde diversos agentes se personaron en su búsqueda, según algunos testigos.
Todos los detenidos están acusados de delitos de odio y desórdenes públicos, entre otros, por el ataque realizado a los participantes de la manifestación de la Comissió 9 d’Octubre. Algunos participantes de la manifestación explicaron que los ultras ya estaban esperándolos en la Plaza Sant Agustí, de donde tradicionalmente parte esta manifestación que se celebra en la tarde del 9 d’Octubre.
Para la detención de los agresores se ha pedido la colaboración ciudadana, para que se aporten imágenes que permitan identificar a los ultras que cometieron los hechos. Entre la colaboración ciudadana está la de la Unió de Periodistes que ha entregado a la Fiscalía imágenes de los ataques, cabe recordar que entre los agredidos había también reporteros gráficos.
Paralelamente, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado presentó en Fiscalía una denuncia para que se investigasen estos ataques, que atribuyen a «integrantes» del grupo ultra Yomus.
Por su parte, Movimiento contra la Intolerancia también denunció ante la Fiscalía de delitos de odio de Valencia estas agresiones al considerar que pueden ser constitutivas de un delito de odio por motivos ideológicos, castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años; de lesiones, penado de tres a tres años de cárcel; de asociación ilícita, así como de otro por impedir el legítimo ejercicio de la libertad de manifestación, penado de dos a tres años si realizan con violencia.
