Las fuerzas policiales registraron 16 casos durante el año 2016 frente a los 12 del 2015 y a los 5 del 2014. Aunque en España bajan, Cáceres se sitúa al nivel de Guipúzcoa y por encima de Zaragoza o Almería
LOLA LUCEÑO BARRANTES. EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA.- Los delitos de odio han saltado desgraciadamente a la primera página de la actualidad, por el acoso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a sus familias en Cataluña. ¿Pero qué son los delitos de odio? Según el Consejo de Europa, es el fomento del odio en cualquiera de sus formas, ya sea humillación, menosprecio, acoso, estigmatización o amenaza a una persona o grupo por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión, creencias, sexo, género, orientación sexual… Pues bien, Cáceres no está exenta. En 2016 tuvieron lugar 16 hechos de este tipo, con un aumento del 30% respecto a 2015, cuando se registraron 12. Ya entonces se duplicó la cifra de 2014, año en el que se contabilizaron 5. Por el contrario, la tendencia en España es a la baja: 1.328 casos en 2015 frente a 1.272 en 2016.
Se trata de delitos tan antiguos como la propia humanidad, pero ha sido a partir del año 2014 cuando las fuerzas de seguridad españolas han sido dotadas de un Protocolo de Actuación para los Delitos de Odio, que permite su persecución específica y en firme. Además, desde hace cuatro años se difunde un informe sobre estos hechos que convierte a España en un referente en la publicación de datos estadísticos y en la lucha contra tales conductas. Cáceres ocupa el lugar 21º de las 52 provincias en número de incidentes, una posición quizás elevada para su censo. Está al mismo nivel que Guipúzcoa y por encima de Castellón, Zaragoza o Almería.
En España, uno de cada tres delitos de odio se produce por racismo/xenofobia, con 416 casos en 2016 (32% del total). Sin embargo, en Cáceres los incidentes más abundantes se deben al rechazo por cuestiones de ideología, que fue el motivo de ocho denuncias (la mitad de todos los hechos registrados durante 2016). Estos delitos ocurren cuando se humilla, acosa, amenaza o agrede a una persona o colectivo por ideas generales compartidas por un sector de la sociedad: política, cultura, moral…
De hecho, según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior con datos correspondientes al pasado ejercicio, Cáceres se situó en el segundo tramo del ranking en cuanto a incidentes relacionados con la ideología, junto a provincias como Lleida, Navarra o Álava.
En segundo lugar se situaron los delitos de odio instigados por el racismo/xenofobia, con cuatro casos detectados que sitúan a Cáceres en el tercer peldaño de los cinco establecidos para todo el país, pese a su menor población. Es el ámbito con el mayor número de casos acumulados en 2016 en toda la geografía nacional. Se trata de actos de violencia, discriminación, fobia y rechazo a los extranjeros o personas de distintos grupos, debido a su origen racial, étnico, nacional o cultural.
Pero además, Cáceres registró en 2016 tres delitos de odio en el ámbito de la discapacidad, un apartado que ha experimentado un fuerte aumento en 2016 en todo el país (16%). Engloba los incidentes cometidos contra discapacitados por motivos discriminatorios y lamentablemente ocupa el segundo lugar en España, por detrás del racismo/xenofobia, con 262 casos en un año.
Cáceres también detectó un incidente por motivo de orientación o identidad sexual, una tipología que sube peligrosamente en España con un ascenso del 36% en solo un año (230 hechos registrados en el país). Están motivados por el odio hacia las diferencias sexuales (gay, lesbianas, heterosexuales, bisexuales…).
EL CATÁLOGO DEL DESPRECIO / Afortunadamente, Cáceres no registró ninguna denuncia sobre el resto de los delitos que forman este catálogo del odio. España sí. Además de los 416 casos de racismo/xenofobia, 259 de ideología, 262 de discapacidad y 230 de orientación/identidad sexual, se produjeron 47 contra creencias o prácticas religiosas, 41 por discriminación de sexo o género (no se incluye la violencia de género, que tiene su propio protocolo), 10 por aporofobia (odio a los pobres y desamparados) y 7 por antisemitismo (rechazo a los judíos o nacionales de Israel).
CUALQUIERA PUEDE SUFRIRLO / En todo caso, la cifra de delitos de odio registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España descendió un 4% en 2016 respecto a 2015, salvo tres excepciones: las denuncias por discapacidad, orientación/identidad sexual, y discriminación por razón de sexo/género. Estas tres aumentaron un 16%, 36% y 71%, respectivamente. Y es que, según explica el Ministerio del Interior, «cualquier persona puede ser objeto de un delito de odio», independientemente de que el autor se base en hechos reales o percibidos desde su perspectiva, y aunque la víctima pertenezca o no al grupo al que se dirige la agresión.
Ahora bien… ¿Cómo se manifiestan estos delitos de odio? No siempre se quedan en el plano verbal, pueden llegar a la agresión e incluso al abuso sexual. Según los datos del Ministerio del Interior sobre el total del país, el primer lugar en 2016 lo ocuparon desgraciadamente las lesiones (249), seguidas de las amenazas (201), injurias (90), actos racistas, xenófobos e intolerancia en el deporte (82), daños (77), abuso sexual (64), vejaciones leves (62), trato degradante (53), y otras tipologías delictivas. Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana son las áreas con más incidencias. Extremadura está en el peldaño intermedio del ranking con 32 delitos en un año.
Tres de cada diez hechos de este tipo se producen en la vía pública, y lamentablemente dos de cada diez quedan ocultos por las paredes de las viviendas. El resto se producen en bares locales de ocio, campos de fútbol o centros religiosos. Estén o no a la vista de los demás, cabe destacar que las fuerzas del orden lograron esclarecer el año pasado 817 casos (65%) de los 1.272 registrados, lo que conllevó la detención e investigación de 541 personas.
Por tanto, comienzan a dar sus frutos las medidas adoptadas frente a estos delitos, tras la creación de un protocolo, la mejora de la formación de los agentes a la hora de detectar y codificar tales conductas, la unificación de los datos de todas las fuerzas policiales, las campañas de sensibilización social y las adaptaciones legislativas. Por ejemplo, el nuevo Código Penal establece desde hace dos años penas de hasta cuatro años de prisión para los delitos de incitación al odio y a la violencia. Además, el Ministerio del Interior desarrolla un proyecto para conocer e identificar aún mejor estos casos mediante cuestionarios a las víctimas.
