MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA CON LA CONSTITUCIÓN, POR LA UNIDAD DE LA ESPAÑA DEMOCRATICA Y PLURAL, LA LEGALIDAD Y LA PAZ
La crisis en Cataluña ha tenido esta semana una respuesta incontestable desde todos los Pueblos de España y sobre todo en la histórica manifestación de Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana frente a los intentos secesionistas promovidos por el Govern de Puigdemon. La defensa de la unidad democrática constitucional se ha evidenciado en las instituciones españolas, en los partidos políticos constitucionalistas, en las entidades sociales democráticas, en numerosos medios de comunicación, en el mundo empresarial y en multitud de personas del arte, la cultura, el deporte y de todo ámbito de este país.
Hay que significar el firme mensaje constitucional del Rey Felipe VI, el posicionamiento de Alfonso Guerra y de los veteranos socialistas Leguina, Rodriguez Ibarra, Laborda y otros, de los expresidentes Felipe González, Aznar, Zapatero y la del Presidente de Gobierno Mariano Rajoy, respecto a la defensa de la integridad territorial y de la unidad de la España democrática en defensa de la Constitución y de la Unión Europea, así como el rechazo de un “Proces” que es un Golpe de Estado que quiebra el ordenamiento constitucional, que elimina el principio de legalidad democrática instalándonos en la jungla de la inseguridad jurídica, como muestran las decisiones urgentes que han tomado Bancos y Empresas trasladando su domicilio fuera de Cataluña, y que nos instala en graves riesgos de enfrentamientos impulsados por el odio.
Pese al intento de deslegitimar esta respuesta democrática unitaria de defensa de la Constitución y de la unidad de esta España plural y diversa, de nuestro país democrático sostenido por una sociedad tolerante, de acogida e inclusiva, a pesar del especial interés del secesionismo de vincular estas manifestaciones a grupos ultraderechistas señalando signos e incluso manipulando hechos, estas manifestaciones multitudinarias de respuesta están siendo CONSTITUCIONALISTAS, en defensa del orden democrático y de las libertades y derechos fundamentales que protege nuestra Carta Magna, entre los que se encuentra la defensa de la permanencia de instituciones históricas como la Generalitat de Catalunya , así como en defensa de la ciudadanía en Cataluña que al ser contraria a la independencia sufre no solo ostracismo y marginación, sino acosos, intimidaciones y otras expresiones de intolerancia.
No queremos dejar de referirnos a las escenas represivas constatables en torno a los hechos del 1º de Octubre durante el desarrollo de un Referéndum ilegal, no autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lamentamos los excesos policiales cometidos en un operativo con actos erráticos donde que hay que reprobar usos no proporcionados de la fuerza y donde hay que distribuir responsabilidades entre las distintas servicios de orden público, tanto los Mossos d’Esquadra, como la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y nos solidarizamos con los afectados, especialmente con aquellos de buena fe que no deseaban provocar a las fuerzas de seguridad y sin más ir a votar. Sin embargo hay que significar la articulación organizada y en algunos casos provocadora en las calles así como la sobredimensión propagandística de algunas imágenes que, con evidente interés político, han recurrido a bulos, mentiras y falsedades que evidencian predeterminación y alevosía, a discursos hiperbólicos calificando a todo de “facha” con finalidad evidente de negar el carácter democrático al Gobierno de España y a la Constitución, al objeto de restar legitimidad democrática en pro de la estrategia de obtener la independencia “a costa de todo”, sin reparar en la quiebra ética que supone aquello del “fin justifica los medios”.
Queremos hacernos eco de las situaciones de ostracismo, de sumisión al silencio, de situaciones de discriminación y hostilidad que sufren muchas personas catalanas por el simple hecho de manifestar su opinión y ejercer su libertad de expresión, de aislamiento en instituciones y entidades, hechos discriminatorios junto a adoctrinamientos indefendibles dirigidos a menores, incluso de actos de violencia evidenciados en procedimientos de delitos de odio denunciados por las fiscalías de delitos de odio. Una hostilidad contrastada, no inventada, que llega a cristalizar en universidades, empresas, instituciones y en todo ámbito y que llega a utilizar la lengua como espacio de confrontación alentando la intolerancia cuando la riqueza, el reconocimiento y afecto a la diversidad lingüística, por tanto a la lengua catalana, es un hecho protegido constitucionalmente.
En estos últimos tiempos no se debe negar la presencia de grupos extremistas ultras, hasta ahora residuales, que interesados en la oportunidad facilitada por el secesionismo se personan para defender postulados antidemocráticos y preconstitucionales y que incluso pueden cometer delitos de odio, sin embargo es de justicia resaltar que su presencia está siendo marginal y enterrada por la identidad democrática de la respuesta y sus conductas de odio están siendo perseguidas, desde hace mucho tiempo, por las instituciones democráticas, en especial por la Fiscalía y sus Servicios contra los Delitos de Odio y Discriminación.
El odio ideológico y político no debe encontrar ningún especio social e institucional en la España democrática como así proyecta la Constitución española. Lo mismo que hemos de rechazar el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el sexismo, la misoginia, la homofobia, el antigitanismo, la aporofobia y cualquier otra forma de intolerancia, también hemos de rechazar la Españofobia y la Catalanofobia, asi como todo Totalitarismo, los de vieja usanza y los nuevos que usan lenguaje democrático. Desde nuestras semejanzas y diferencias, es la igualdad en dignidad humana y derechos lo que los hace libres. No ha lugar para el fanatismo, sea del origen que sea, no ha lugar para incubar, radicalizar y precipitar la intolerancia al diferente, y si hay lugar a la comunicación y al dialogo en el marco constitucional de nuestra España plural e integradora que es la SUMA DE TODOS. Sin embargo este ha de hacerse conforme al principio de legalidad de nuestra democracia que se articula en torno a sus tres poderes, desde sus instituciones y espacios habilitadas para ello y no desde mesas de “negociación” con observadores internacionales y mediadores externos porque no estamos en ningún conflicto bélico o entre estados.
El conflicto político, y ahora social, existe y no se debe negar pero no puede conducirnos a reconocer una Declaración Unilateral de Independencia que divide a los catalanes, nos enfrenta, cambia nuestro mapa, rompe España y destruye Europa. Todos debemos señalar que estamos ante una imposición antidemocrática, desde el máximo respeto a los que defienden su proyecto e ideales de independencia pero sin vulnerar los derechos de quienes la rechazamos. La iniciativa de un Govern que está bajo la acusación de presuntos actos delictivos, como ha establecido el Tribunal Superior de Justicia, no puede ser abordada desde la indiferencia frente a la manipulación y farsa realizada en el Parlament al aprobar las Leyes del Referéndum y Transitoriedad, la estafa de la convocatoria de un Referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y ordenada su no realización por los Tribunales de Cataluña, que son instituciones esenciales de nuestro Estado de Derecho.
En cuanto al conflicto social, hay que señalar que el identitarismo que alientan nacionalistas e independentistas que comparten una identidad excluyente en Cataluña no solo está generando una fractura profunda, también impulsa una visión supremacista, insolidaria y de intolerancia, con relatos malintencionados y en algún caso racistas, frente a todo lo relacionado con España y sus proyecciones en cualquier ámbito, desde el deportivo al político, también lo cultural, la lengua, la historia y otras dimensiones de la integralidad social que proyecta un horizonte totalitario por mucho que se utilice una neolengua que diría Orwell, con apariencia democrática. El pluralismo político, la realidad multicultural y multilingüe en Cataluña, como en el resto de España, la vocación integradora ha de ser respetada por toda institución dado que es un mandato constitucional y está protegido por los Tratados europeos e internacionales.
Finalmente queremos hacer nuestras las palabras de Mario Vargas Llosa y Josep Borrell en la manifestación multitudinaria de Barcelona en la defensa de la libertad y la solidaridad, frente al virus del nacionalismo y sus peligros antidemocráticos que tanto belicismo ha mostrado en Europa, a la opresión del secesionismo y sus prácticas del miedo y la coacción, así como las felicitaciones a jueces y fiscales emitidas por Carlos Jiménez Villarejo que en su aplicación de la legalidad vigente están soportando todo tipo de campañas de estigmatización y hostilidades impropios en una convivencia democrática. La apuesta por nuestra parte es clara y firme, desde el marco constitucional y sus instituciones, dialogo y acuerdo respaldado por todos, integración intercultural que incluya a los inmigrantes y defensa de los derechos humanos y convivencia democrática respetuosa con los valores europeos reflejados en la Unión de libertad, igualdad, solidaridad, justicia y tolerancia. Este es el camino de la seguridad de todas las personas con sus diversas identidades y manifestaciones de la condición humana, del progreso de esta ESPAÑA QUE ES LA SUMA DE TODOS.
