Un juzgado imputa al círculo de colaboradores de un mando de la Guardia Civil que fue ‘número dos’ de una organización criminal
JOAQUÍN GIL. EL PAÍS.- La juez que indaga los manejos del coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, alias Rudolf, quiere desgranar el círculo de colaboradores de este mando investigado por pertenecer a una red que abasteció de armas al mercado negro internacional. Dirigentes ultras, como un candidato de Falange Española Independiente, tocaron entre 2014 y 2015 a la puerta de esta banda que almacenaba explosivos TNT y fusiles de asalto.
La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Alcalá de Henares (Madrid), María Iglesias, ha imputado a nueve presuntos compinches de Rudolf. Entre los colaboradores de este coronel asiduo a los homenajes a Francisco Franco que han sido citados a declarar como investigados figura un cabo primero de la Guardia Civil destinado al Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de León.
Otro de los imputados es el funcionario civil del Ministerio de Defensa José Antonio O., el Vasco. Las pesquisas le vinculan con un plan urdido en enero de 2015 para transportar por carretera 11 millones de euros de procedencia desconocida. El vasco debía custodiar presuntamente el botín acompañado de “dos hombres armados”.
Sanz, número dos de la banda, también se dedicó presuntamente a vender información confidencial. Kelvyn G., un ciudadano con antecedentes por narcotráfico, compró al coronel datos reservados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, por eso, deberá declarar como imputado el próximo 11 de julio.
Desde su último destino en Castilla-León, el coronel Sanz también fichó para sus actividades al empresario de Benavente (Zamora) Ignacio M., que arrastra antecedentes por estafa y falsificación de moneda y documentos. “El coronel me ofreció participar en un negocio de cobro de morosos. Me citó en un hotel de Madrid para formarme”, explica este empresario que también está imputado.
Los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, sin embargo, revelan que Ignacio M. participó en conversaciones donde se hablaba de “telepaliza” en alusión a los supuestos métodos violentos para cobrar deudas. La banda presumía además de tener 8.500 clientes con 450 millones pendientes de pago.
Entre los compradores imputados por adquirir armas se encuentra el constructor de Segovia Francisco H. El empresario desembolsó 1.800 euros por una pistola que la red le entregó en el interior de un coche en abril de 2015. La relación de Francisco H. con el grupo del coronel se remontaría a 2011, cuando empezó a cartearse con la red para interesarse por el catálogo, según la investigación.
Sanz, de 67 años, fue detenido por sus compañeros de la Guardia Civil en mayo de 2015. Tras pasar más de nueve meses en prisión, está en libertad a la espera de juicio. Un detective privado con pasado neonazi y un subteniente del Ejército de Tierra en la reserva aparecen entre la veintena de imputados en esta causa. Los implicados cometieron los presuntos delitos de extorsión, pertenencia a organización criminal, revelación de información privilegiada y cohecho.
