EL PERIÓDICO. EFE.- La comisión de la ONU que investiga las atrocidades cometidas en Burundi denunció hoy masivas violaciones de los derechos humanos y la expansión del discurso del odio contra miembros de la oposición, teñidos en muchos casos de racismo.
«Hoy podemos decir que nuestros miedos iniciales sobre el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos y abusos en Burundi desde abril de 2015 han sido confirmados», dijo Fatsah Ouguergouz, presidente de la comisión, en la presentación de sus investigaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«Estas violaciones se refuerzan con un discurso del odio, a veces con una dimensión étnica, por parte de ciertos funcionarios oficiales y miembros del partido gobernante», agregó.
Las violaciones descritas incluyen ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, violencia sexual y otros tipos de abusos de género, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
«Muchos de estas violaciones han sido cometidas por miembros del Servicio de Inteligencia Nacional y de la policía, algunas veces asistidos por los miembros del partido gobernante, los Imbonerakure», denunció.
Precisamente, este grupo es el que en varias instancias ha llevado a cabo actos de discurso del odio, como cuando el pasado abril, un centenar de sus miembros invocó cantos en los que instaba a «embarazar» a mujeres de la oposición para crear nuevos Imbonerakure.
Dicho esto, la comisión especificó que si bien las incitaciones racistas se han dado, la represión se centra especialmente en los opositores, sin tener en cuenta su etnia.
Concretamente, los casos de violencia sexual se concentran en las parejas o familiares de miembros activos de la oposición.
La comisión lamentó una vez más que el gobierno de Burundi no haya colaborado con su investigación y que les haya denegado el acceso al país.
Es por ello que los miembros de la comisión obtuvieron sus testimonios de casi 500 entrevistas realizadas a burundeses que huyeron del país y que se refugian en Kenia, República Democrática del Congo, Ruanda, Tanzania y Uganda.
Además de prohibir la entrada a la comisión de investigación, las autoridades han rechazado el despliegue de 228 policías aprobado por el Consejo de Seguridad para estabilizar el país.
El país africano se encuentra sumido en el caos desde la oleada de protestas desatada en abril de 2015, cuando el presidente, Pierre Nkurunziza, anunció que se presentaría por tercera vez consecutiva a las elecciones, algo prohibido por la Constitución y que violaba los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005.
