Se trata del primer caso conocido de detención de un inmigrante protegido por el programa para menores DACA, que afecta a 750.000 personas
PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL. EL PAÍS.- Un inmigrante mexicano indocumentado de 23 años sin antecedentes penales fue detenido la semana pasada por agentes de inmigración de Estados Unidos a pesar de haberse acogido al programa de protección de indocumentados que puso en marcha el presidente Barack Obama. El caso, revelado por Reuters, es el primero conocido en EE UU y supone un paso inquietante para cientos de miles de indocumentados, los llamados dreamers, a los que la Casa Blanca había dado la seguridad de que no serían deportados.
Según la información de Reuters, Daniel Ramírez Medina fue detenido la semana pasada en casa de su padre en Seattle por agentes de la policía de inmigración (ICE). Según los documentos judiciales, los agentes iban a detener al padre. Ramírez continúa detenido en Tacoma, cerca de Seattle. El lunes, presentó una denuncia en una corte federal en la que alega que el Gobierno ha violado sus derechos constitucionales.
El programa de protección de la deportación para menores (DACA, por sus siglas en inglés), fue aprobado por el presidente Barack Obama en 2012 y consistía en dejar fuera de la política de deportaciones a aquellos inmigrantes que habían llegado siendo menores, traídos por sus padres y no tenían antecedentes. Según la denuncia, Ramírez llegó a Estados Unidos en 2001 cuando tenía siete años. El Gobierno le concedió el DACA en 2012 y se lo renovó en 2016. Tiene un hijo de tres años.
El presidente Donald Trump hizo campaña prometiendo echar a todos los indocumentados de Estados Unidos (calculados en unos 11 millones de personas), aunque en varias ocasiones dejó la puerta abierta a centrarse solo en los que tengan antecedentes criminales. Recientemente, desde la Casa Blanca y el Partido Republicano se dio a entender que los protegidos por el programa DACA no tenían nada que temer. Alrededor de 750.000 personas se han acogido a este programa, que les permite tener cierta forma de identificación y permiso para trabajar legalmente. La victoria de Donald Trump creó una enorme inquietud en este colectivo, ya que es gente que para acogerse al programa ha dado todos sus datos al Gobierno federal y por lo tanto no puede esconderse de la policía.
La eventual deportación de Ramírez supondría en ese sentido un verdadero parteaguas en la política de Estados Unidos respecto a los indocumentados. Según la denuncia, cuando llegó al centro de procesamiento de inmigrantes detenidos en Seattle, Ramírez mostró su premiso de trabajo DACA. “Da igual, no has nacido en este país”, le dijo un agente, según la denuncia.
La semana pasada, agentes de inmigración lanzaron una operación contra inmigrantes indocumentados en todo el país en la que detuvieron a 680 personas. Según el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende ICE, se trataba de operaciones rutinarias. Estados Unidos deportó el año pasado a más de 240.000 personas, y fue el año que menos de toda la presidencia de Obama. Sin embargo, grupos de defensa de los inmigrantes afirmaron que se trataba de la puesta en marcha de las nuevas directrices dictadas por Trump en una de las primeras órdenes ejecutivas que emitió a su llegada a la Casa Blanca.
“Esperamos que la detención sea un error”, dijo a Reuters Ethan Dettmer, uno de los abogados que representa a Ramírez en la denuncia para pedir su liberación.
Sin embargo, un portavoz de ICE de la región Noroeste dijo al diario Seattle Times que Ramírez fue detenido por “su reconocida pertenencia a una banda y el riesgo para la seguridad pública”. Según ICE, Ramírez ha admitido él mismo su pertenencia a una banda. El portavoz no respondió cuando el periódico preguntó si Ramírez tiene antecedentes criminales o no. Otro de los abogados del detenido negó categóricamente al diario tal relación.
El pasado día 10 fue deportada a México una inmigrante madre de tres hijosnorteamericanos que llevana 22 años en Estados Unidos y cuyo único antecedente era tener documentación falsa para trabajar. El caso de Guadalupe García de Rayos, que vivía en Phoenix, se convirtió rápidamente en un símbolo de la nueva política de la Casa Blanca, ya que durante años se había presentado cada seis meses en la oficina de inmigración para comunicar su situación, como le había ordenado el juez, y nunca había sido considerada una prioridad para deportación.
