Un mando de la Guardia Civil fue ‘número dos’ de una red que vendió armas a la extrema derecha, cobró deudas con violencia y asesoró a delincuentes sobre cómo huir de España
JOAQUÍN GIL. EL PAÍS.- Los amigos del coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, alias Rudolf, no escatimaban en violencia. “No hace ni diez minutos que le acabo de romper la cabeza a un dominicano. ¡Le he dado una paliza que le he descojonado por completo!”, alardeó ante Sanz un exguardia.
La conversación forma parte de los centenares de pinchazos telefónicos grabados entre 2014 y 2015 por el servicio de asuntos internos de la Guardia Civil. EL PAÍS ha tenido acceso a más de 12.000 documentos que presentan a Rudolf, un asiduo a los homenajes a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, como número dos de una organización criminal. Su red tenía 16 miembros y vendió presuntamente una ametralladora a un candidato de Falange Española Independiente. También, flirteó con los cenáculos ultraderechistas, cobró deudas con violencia e, incluso, asesoró a delincuentes sobre cómo huir de España.
Sanz fue detenido por sus compañeros en mayo de 2015. Tras pasar más de nueve meses en prisión, el Juzgado número dos de Alcalá de Henares (Madrid) le mantiene imputado como al resto de miembros de su organización criminal.
La red de este coronel destinado en Castilla y León concebía la venta de armas como un negocio estratégico. Para ello, tenía en nómina a dos militares, dos ex guardias civiles, un funcionario civil del Ministerio de Defensa y un detective privado con pasado neonazi. Todos trabajaban a las órdenes de Jesús de G., el Grande, un empresario con antecedentes por homicidio y amenazas.
El lugarteniente de la red traspasa tres cajas de madera al vehículo Seat Córdoba del coronel Rodolfo Sanz, ‘Rudolf’, en Madrid en marzo de 2015. En las cajas figuraba la inscripción “1.000 cartuchos número 448 7,62 51 ordinario lote 95-5”. EL PAÍS
Uno de los suministradores de mercancía era el subteniente del Ejército en la reserva Francisco C. M., considerado una autoridad en materia de pistolas y munición. Este militar recurría a su extensa agenda de contactos -que incluía a un guardia civil destinado en la intervención de armas de El Escorial (Madrid)- para abastecer al grupo. La trama también rehabilitaba pistolas inutilizadas. Un trabajo reconocido por sus clientes. “Muy bien. El motivo de la llamada era para decirte que el arma iba perfecta”, le felicitó uno de ellos.
El arsenal se custodiaba en zulos, que es como la banda denominaba a trasteros de alquiler en Madrid ajenos al radar de las autoridades. En uno de estos locales, radicado en los bajos de un edificio del número 199 de la calle Embajadores, Rudolf guardaba entre botellas de butano y cartones un total de 24 kilos de explosivo de los tipos TNT y PG-2, un material plástico utilizado por la Guardia Civil y el Ejército en dosis de gramos por su alto poder detonante. También había 12.500 cartuchos, decenas de petardos de trilita y armas de guerra. El arsenal procedía del instituto armado y tenía capacidad para hacer saltar por los aires las viviendas donde se hallaba almacenado en secreto.
El subteniente del Ejército Francisco C. M. también acumuló un polvorín casero en dos trasteros en Meco y Alcalá de Henares, donde guardaba cinco fusiles, dos subfusiles, 18 pistolas y revólveres, decenas de cañones y una mina contra carros.
La investigación apunta a que el grupo sustrajo 3.000 cartuchos del calibre 7,62 de la base militar Conde de Gazola de León.
La red gozaba de popularidad en el submundo de la extrema derecha española. Rudolf llegó a reunirse en Madrid con un candidato a las elecciones europeas de Falange Española Independiente. Ofreció a este ultra un fusil de asalto M-16, grilletes y munición. Pero el cliente se decantó finalmente por una ametralladora valorada entre 4.500 y 5.000 euros.
El coronel también entregó un paquete sospechoso el 4 de abril de 2015 en la calle Canarias de Madrid a un candidato de la neofascista Alianza Nacional, según los investigadores, que relacionan a la red con un falangista que estuvo en prisión por apuñalar a un joven en Guadalajara.
La banda sustrajo munición de la base militar Conde de Gazola de León
Sanz aprovechaba su condición de guardia civil para supuestamente filtrar información sensible de las bases de datos del instituto armado. Unos archivos que recogen DNI y antecedentes. Cobraba por ello entre 500 y 1.000 euros al mes. Sus clientes eran, principalmente, delincuentes. En uno de sus rastreos por las plataformas reservadas a las Fuerzas de Seguridad, consultó la situación legal de un criminal. Después, asesoró a un intermediario sobre cómo este delincuente debía huir de España. “Que se vaya a Oporto […]. Desde aquí no. Ni en barco ni en avión”, le dijo.
La red estaba abierta a nuevas oportunidades profesionales. Y planeó en enero de 2015 el transporte de 11 millones de euros por carretera. El interlocutor del coronel en este negocio fue el lugarteniente de la banda, quien -según los investigadores- está relacionado con un empresario valenciano propietario de discotecas y de una firma de importación de madera vinculada al tráfico de cocaína a través del puerto de Valencia.
ampliar fotoEl grupo completaba su cartera de servicios con la falsificación de documentos. Un trabajo profesional y riguroso, a decir por la aceptación de sus clientes. “Cago en Dios (sic). Están de puta madre. Perfectos”, afirmó uno de los compradores de un DNI falso.
La Guardia Civil puso el foco sobre uno de los suyos en septiembre de 2014. Descubrió entonces la camaradería con la que Rudolf, de 57 años, se relacionaba con delincuentes. Sus amistades acumulaban antecedentes por homicidio, robo, extorsión y tráfico de drogas.
El suministrador de mercancía era un subteniente considerado «una autoridad» en pistolas y munición
– ¿Cómo estás camarada? Espero llamada del carvo (sic) para entrega. Un abrazo.
Mensajes como este, enviados desde el móvil del coronel, activaron la alarma de los agentes de la unidad de servicios internos, que llegaron a instalar un micro en el coche del militar. Así detectaron que Rudolf invitó a un traficante de drogas a la fiesta que organizó en una discoteca de Madrid para celebrar su ascenso a coronel.
EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con Rodolfo Sanz. Fuentes del instituto armado lamentan que este militar desarrollara durante años su actividad con impunidad y critican la falta de sistemas para depurar con rapidez los casos de corrupción.
La pareja de Rudolf, entretanto, advertía al agente de los riesgos de sus amistades peligrosas. “El día que salgas en la tele…. Un guardia civil hace tal…”.
investigacion@elpais.es
QUIÉN ES QUIÉN EN LA BANDA
La banda del coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, alias Rudolf, funcionó como una empresa. Jerarquizada y con objetivos. Sus 16 miembros recurrían por teléfono a un lenguaje críptico, extremaban su seguridad y llamaban a través de locutorios. Su sede era «la oficina», un local en la calle Pérez de Ayuso de Madrid vinculado a una de las firmas del cabecilla de la trama. Esta era su estructura.
Jesús G. L., alias el Grande: Jefe y líder. Se encargaba de organizar el trabajo del resto de miembros. Tiene antecedentes por homicidio (1988), amenazas (2008) y estafa (2009).
Rodolfo Sanz Sánchez, Rudolf: Coronel de la Guardia Civil de 57 años. Su último destino fue Castilla y León. Está considerado el “asesor privilegiado” y número dos de la red. Se dedicaba supuestamente a filtrar información de las bases de datos a los delincuentes y a abastecerles de armas y munición. Ejercía también como intermediario en la venta de documentación falsa.
Óscar G. G.: Lugarteniente. Transmitía las directrices. Tiene antecedentes por amenazas (2008) y está vinculado a un empresario valenciano propietario de discotecas y de una firma de exportación de madera relacionada con el tráfico de cocaína en el puerto de Valencia, según los investigadores.
Carlos V. V.: Arrastra la etiqueta de ser el más violento de la red. Combinó su trabajo como responsable de seguridad de una discoteca de Madrid con el cobro de deudas. Acumula antecedentes por lesiones, extorsión, robo, falsificación y estafa. Los investigadores le relacionan con un atraco en octubre de 2013 en un supermercado Mercadona de Yuncos (Toledo) donde resultó herido gravemente por un disparo un guardia civil.
Francisco C. M.: Subteniente del Ejército en la reserva. Trabajó en la sección de Logística del cuartel de Alcalá de Henares (Madrid). Se encargaba presuntamente de facilitar las armas a la banda gracias a su “extensa” red de contactos.
Kelvyn. G. P.: Presunto captador de compradores de armas de origen sudamericano. Tiene antecedentes por tráfico de drogas (2013).
S. S. S.: Distribuidor de pistolas y tabaco. Fue uno de los cinco procesados por el robo en un Mercadona de Yuncos (Toledo) en octubre de 2013, según los investigadores.
F. G. V.: Ex guardia civil y supuesto intermediario de la red.
Ó. G. G.: Militar. Facilitaba la banda munición procedente del Ejército de Tierra. Rudolf era su contacto en la organización.
R. P. M.: Detective privado con antecedentes por revelación de secretos. Se dedicaba supuestamente a reclutar a miembros para el grupo. Fue arrestado en octubre de 1989 por participar en una agresión ultra en Madrid contra un grupo de militantes del Centro Democrático y Social (CDS).
F. C. T.: Cobrador de deudas. Tiene antecedentes por revelación de secretos y blanqueo de capitales.
F. Z. G.: Cobradora de deudas.
D. V. R.: Intermediario entre la organización y otras redes de delincuentes.
I. M. A.: Distribuidor de los “objetos” de la banda. Arrastra antecedentes por falsificación de monedas, documentos y estafa (2005).
Ó. C. G.: Guardia civil retirado por “pérdida de condiciones psicofísicas”. Vendió armas para la red y participó en el cobro de deudas “por métodos ilegales”, según los investigadores.
J. O. G, el Vasco.: Funcionario civil del Ministerio de Defensa. Presunto asesor de la banda sobre armas y vigilancias.
investigacion@elpais.es
