CARLOS FRESNEDA. EL MUNDO.- El Gobierno británico estudia hacer pagar a las empresas 1.000 libras anuales (unos 1.150 euros, tras la última caída de la divisa) por cada trabajador «cualificado» de la Unión Europea después del ‘Brexit’. La medida, anticipada por el secretario de Estado de Inmigración Robert Goodwill en su testimonio ante la Cámara de los Lores, ha provocado una reacción fulminante de la clase empresarial británica, comparable a la del anuncio de exigir listas de inmigrantes a las compañías que tuvo que ser retirado a las pocas horas.
Según reveló Goodwill, el así llamado ‘inmigration skills levy’ para penalizar la contratación de trabajadores europeos cumpliría la triple finalidad de reducir el número de inmigrantes el Reino Unido, de dar un trato preferencial a los trabajadores británicos y de financiar al mismo tiempo los cursillos de aprendizaje para tres millones de jóvenes de aquí al 2020.
Un portavoz de Downing Street reconoció que la medida está en estudio, pero aseguró que de momento figura tan sólo entre «un número de opciones» para reducir la inmigración neta por debajo de los 100.000 trabajadores al año. La medida ha sido ya defendida ya públicamente por varios diputados conservadores y por el laborista Frank Field, que ha declarado que la considera oportuna «si el dinero se utiliza para formar a los trabajadores británicos».
«Penalización extra»
La Cámara de Comercio de Londres emitió sobre la marcha un comunicado contra la polémica medida recordando que los trabajadores de la UE suponen hoy por hoy un 15% de la fuerza laboral en el Reino Unido y que el «peaje de inmigración» supondría «una penalización extra» para muchas compañías que pueden verse afectadas por el impacto económico del ‘Brexit’.
«En vez de hacer un llamamiento populista, destinado a despejar las preocupaciones de los que votaron a favor del ‘Brexit’, el Gobierno debería preguntarse por qué hay tantos extranjeros trabajando aquí», declaró a ‘The Guardian’ San McKee, portavoz de la Cámara de Comercio.
«Un impuesto como ése sólo serviría para dañar la creación de empleo en un momento en el que las empresas viven en un clima de incertidumbre», advirtió Seamus Nevin, responsable de empleo en el Instituto de Directores. «Muchas compañías británicas dependen de los trabajadores cualificados que vienen de fuera, y su contribución va a ser necesaria si queremos hacer del ‘Brexit’ un éxito. Las empresas están ya trabajando muy directamente con el Gobierno para mejorar la preparación de nuestro mercado laboral».
«Estamos ante la propuesta más estúpida del Gobierno desde que Theresa May dijo aquello del ‘Brexit’ rojo, blanco y azul», declaró por su parte el portavoz económico del Partido Liberal Demócrata, Don Foster. «Cualquier empresa contrataría trabajadores británicos si tuvieran la preparación que necesitan».
El ministro de Inmigración, Robert Goodwill, ha anticipado que el polémico impuesto puede empezar a aplicarse a partir del mes de abril a los países de fuera del área económica europea. «Eso va a significar que quien quiera contratar a un programador informático indio, por un contrato de cuatro años, tendrá que pagar 4.000 libras», detalló Goodwill. «Esta norma para los trabajadores de fuera de la UE podría hacerse extensiva a los europeos después del ‘Brexit'».
