TOMÁS BORDOY. EL MUNDO.- UNA NIÑA de ocho años ha sido agredida en el patio de un colegio público de Palma y once días después de lo ocurrido todavía la opinión pública está esperando la versión oficial de los hechos. Tanto es así, que a falta de las conclusiones del departamento que dirige Martí March, incluso el fiscal jefe Tomeu Barceló, con más voluntad que acierto, ha entrado en el patio del colegio Anselm Turmeda para dar su particular versión de los hechos.
Precisamente ha sido la excepcional decisión de Barceló de tratar la agresión de la niña del colegio de Son Roca lo que me ha impelido a escribir hoy sobre este tema. Leyendo detenidamente la nota del fiscal superior no doy crédito a los reproches que lanza desde su privilegiada posición contra los medios de comunicación que nos hemos hecho eco de la noticia adelantada por UH.
Jamás pude pensar que un fiscal que nos pide a los periodistas «mesura y rigor», y que se regodea en la legítima defensa de los «derechos al honor, intimidad personal y familiar», acto seguido se atreva, para apuntalar su versión de los hechos, a desvelar y dar difusión de un parte médico de una niña de ocho años cuyo contenido corresponde a la más estricta privacidad de la menor y que además está blindado por la Ley de Protección de Datos. Nosotros no nos hemos atrevido a tanto.
Se equivoca de medio a medio el fiscal Barceló reclamando mesura a los medios, cuando él se ha pasado siete pueblos en su papel de abogado defensor de la Conselleria de Educación. Cuestionar la versión ofrecida por la madre y las dos hermanas mayores de la niña agredida al calificar de «leves» y sin «importancia»las heridas es un golpe bajo. ¿Qué no harían un padre o una madre cuando su hija de 8 años ha sido agredida en el recreo por un grupo de energúmenos y no obtiene ni respuesta ni amparo del colegio? ¡¡Estallar!!
Algo anda mal en nuestra escala de valores cuando asociaciones de profesoresreclaman la expulsión de los agresores durante cinco días del colegio y el fiscal general quita hierro al asunto y pide a los medios poco menos que nos quedemos en casa porque hay «menores implicados». En este periódico hemos hecho lo contrario. Y como el trabajo bien hecho siempre suele dar algún fruto hemos dado con el secreto mejor guardado de la Conselleria de Educación: el colegio de marras no tiene directora.
La jubilación de Francesc Fuster Pons -nombrado en julio de 2010 por el conseller del Pacte Bartomeu Llinàs y ratificado por el Govern Bauzá en junio de 2014- dejaba en manos de la jefa de de estudios, Caridad Dato, las riendas del Anselm Turmeda. La información adelantada ayer por Mayte Amorós explicaba, por fin, el espeso silencio que ha rodeado el caso de la niña agredida por sus compañeros y la nula reacción del centro, que se puso en manos de la Conselleria y de sus inspectores ante el vacío de poder.
Así se explica, estimado fiscal Barceló, el inexplicable mutismo del conseller March los primeros días del suceso. Así se explica por qué la familia sostiene queno había profesores vigilando el recreo y el centro tarde unos días en confirmar que había dos. Así se explica por qué la directora en funciones no llamó a la madre de inmediato tras conocer el incidente y no llevó a la niña a un centro de salud para una revisión de urgencia. Así se explica que la directora en funciones obligase a la madre a firmar un papel que ni siquiera leyó debido al estado de shock. Así se explica que se obligase a la niña magullada a señalar a sus verdugos. Así se explica que, de momento, los agresores se hayan ido de rositas y la niña sea invitada a cambiar de centro. Así se explica que los agresores, como medida cautelar, no hayan sido expulsados de tres a cinco días ante la gravedad de los hechos. Así se explica que algunas familias al ver a los agresores entrar en el colegio decidiesen no llevar a sus hijos a clase. Así se explica por qué la directora dijo el primer día que la agresión no se había producido en el colegio. Así se explica, en definitiva, la cadena de errores de uno de los episodios más lamentables de la enseñanza pública de los últimos años.
El conseller March es reo de un departamento secuestrado literalmente por los sindicatos de la enseñanza, la Assemblea de Docents y la plataforma Crida. Pese a lo abultado del organigrama que ¿lidera?, ninguno de los departamentos directa o indirectamente responsables en este caso ha arrojado luz sobre las dudas que se han generado. No se explica cómo el responsable de planificación Antoni Morante, ante la jubilación pactada de Francesc Fuster, no incluyese entre los nombramientos realizados en el Boib del 02 de agosto de 2016 el del director/a del Anselm Turmeda. Tampoco el Instituto de Convivencia y Éxito Escolar o el departamento de Innovación y Comunidad Educativa, responsables de un no nato protocolo contra el acoso escolar anunciado en febrero han estado a la altura de las circunstancias.
El incremento de la violencia escolar en las aulas y en los patios de los colegios no se reducirá si no se toman medidas ejemplares que hagan cambiar el comportamiento de los agresores. La Conselleria de Educación debería aprovechar la alarma que ha provocado la agresión a una niña de ocho años para corregir la conducta de los energúmenos que campan por los centros de enseñanza. Mandando a la niña a otro colegio y dejando a los agresores en el Anselm Turmeda se está enviando un pésimo mensaje a la sociedad. Es injusto que en los casos de bullying siempre acaben ganando los malos.
