ALFONS GARCÍA. LEVANTE – EMV.- El acto final de la Operación Pánzer se ha representado hace unos días, once años después de la detención de 17 personas acusadas de pertenencia a un grupo neonazi y de tenencia ilícita de armas. El caso se desmoronó tras ser invalidadas las intervenciones telefónicas en que se sustentaba. Y ahora, como epílogo, la Audiencia Provincial de Valencia acaba de aceptar la petición de uno de los acusados, Pedro Cuevas Silvestre, para que le sea devuelto todo el material de simbología nazi que la Guardia Civil le intervino en su casa el 16 de septiembre de 2005.
La sección cuarta de la Audiencia, presidida por Pedro Castellano, dicta en una providencia fechada el pasado día 13 que se remita copia de lo reclamado a la comandancia de la Guardia Civil y, «en caso de constar las piezas en esas dependencias, se proceda a la devolución de las que legalmente» corresponda.
Quien reclama la devolución de lo incautado en su día no es un desconocido. Se trata del condenado por el asesinato en 1993 en Montanejos del joven antifascista de Burjassot Guillem Agulló. Por estos hechos, Cuevas pasó en prisión cuatro años de los 17 a los que fue condenado.
La relación de objetos cuya devolución ha sido favorablemente acogida, y a la que ha tenido acceso este diario, da cuenta de casi un almacén de artículos de simbología nazi, con decenas de brazaletes con la esvástica y cruces doradas con este mismo emblema del Tercer Reich.
La relación incluye libros de historia de la Gestapo y de otro tipo (Mi lucha o Regalía del tercer Reich), pegatinas con la imagen de Hitler, pins, hebillas con la inscripción nazi «Gott Mittuns», cruces alemanas, figuras con forma de águila cogiendo una esvástica, un molde para fabricar este anagrama, himnos paramilitares, banderas, películas y cuadros con simbología nazi.
Armas entre el material
Cuevas también reclama armas, como «una espada de gran tamaño con la empuñadura en forma de calavera», una navaja, una maza y cartuchos, además de varios teléfonos móviles.
En el total de la Operación Pánzer fueron intervenidas diversas armas de fuego, incluido un lanzagranadas. Todo este arsenal fue destruido por la Guardia Civil antes del juicio por un error.
«Un despropósito más en un caso que lo ha sido de principio a fin», afirma Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida en el Congreso de los Diputados dentro de la coalición A la Valenciana. La formación de izquierdas fue una de las personadas en el proceso, junto con otras entidades políticas y antifascistas. Todas fueron condenadas al pago de las costas judiciales por el Tribunal Supremo, si bien, subraya, el parlamentario valenciano, el recurso lo planteó la Fiscalía y las acusaciones se sumaron a él.
La resolución final del alto tribunal es la que da pie ahora a la Audiencia de Valencia a ordenar la devolución del material incautado. La legislación española no condena la posesión de simbología nazi. De ahí, la justificación de la sala para instar a la comandancia de la Guardia Civil a comprobar si conserva algo del material intervenido.
El argumento habitual en casos de este tipo es que se trata de objetos de coleccionista de piezas de la II Guerra Mundial. La abundancia, no obstante, de unidades de alguna de estas piezas „como los cuarenta brazaletes con la esvástica„ lo podría contradecir.
La abogada de Cuevas, no obstante, no recurre a estas razones. Se limita a solicitar la devolución en función del oficio realizado por la Guardia Civil en noviembre de 2015, después de que el Tribunal Supremo sentenciara a favor de los detenidos en 2005.
En opinión de Ricardo Sixto, es incomprensible que pueda volver a su propietario un depósito de simbología que «atenta contra la convivencia y fomenta el racismo y la xenofobia». «Debería ser destruido», sentencia en declaraciones a este diario.
Los hechos se remontan a septiembre de 2005, cuando se produjo la intervención del citado instituto armado contra una presunta red neonazi. La operación se bautizó como Pánzer „por los puños americanos incautados„ y supuso el desmantelamiento del llamado Frente Antisistema (FAS) y la detención de una veintena de personas. Entre los registros e intervenciones consta el realizado en el domicilio de Cuevas.
La actuación de la Guardia Civil se basó en unas escuchas telefónicas que, a pesar de haber sido realizadas con autorización judicial, fueron declaradas más tarde ilegales. Así lo determinó la Audiencia de Valencia en julio de 2014. Además del asesino de Guillem Agulló, entre los encausados figuraba un concejal de Silla por España 2000. Al declarar nulas las grabaciones telefónicas, el resto de pruebas también fueron invalidadas.
La Fiscalía y diversas entidades que habían formado parte de la acusación „como EUPV, el Bloc o Acció Cultural del País Valencià„ recurrieron ante el Supremo, que un año después desestimó la petición y avaló los argumentos de la Audiencia. Este órgano cierra el círculo ahora con la devolución a Pedro Cuevas de toda la parafernalia nazi que almacenaba.
EU pide al Poder Judicial que abra una investigación
«Es como si a un pederasta le devolvieron sus vídeos después de reclamarlos». Es la comparación que realiza el dirigente de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) Ricardo Sixto para mostrar su sorpresa ante la decisión de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia. Una sorpresa que es el punto final a un «despropósito» judicial, en opinión del diputado. Los acusados fueron absueltos al invalidar el juez las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil, las armas fueron destruidas antes del juicio de 2014 por un error y el Supremo acabó avalando la decisión judicial. Por ello, EU va a solicitar al Consejo General del Poder Judicial que abra una investigación sobre «todo lo ocurrido en este caso». «Debería intervenir», sostiene Sixto.
