El Diario.es. El último intento de la extrema derecha con carnet por hacerse un hueco mediático y electoral acaba en el banquillo. La Audiencia de Madrid juzga a partir de este lunes a 14 hombres y una mujer por el asalto al centro cultural Blanquerna, ocurrido el 11 de septiembre de 2013, durante la celebración de la Diada.
Entre los acusados figuran líderes de las formaciones que integran o integraban en ese momento La España en Marcha, una coalición de partidos de ultraderecha que hizo del ataque la carta de presentación de su frustrada iniciativa para adquirir el protagonismo que se les resiste desde los primeros años de la transición.
Por unos meses, nombres como La Falange o Alianza Nacional volvieron a mencionarse en los medios de comunicación. Pero una vez más, las urnas devolvieron a su nicho residual a los partidos nostálgicos del régimen franquista. Ni siquiera la dimensión del desafío soberanista en Cataluña les permitió atraer hacia sí los focos.
Los autores del ataque se enfrentan ahora a penas de cárcel. La Fiscalía pide condenas de hasta 4 años y 2 meses que se endurecen en los escritos del resto de acusaciones, especialmente en el caso de la Generalitat, que solicita 16 años y 9 meses para todos ellos y uno más para el asaltante que tapó su rostro.
Los asaltantes propinaron empujones, tiraron la senyera, causaron desperfectos, gritaron “No nos engañan, Cataluña no es España” y, antes de irse, expandieron un gas que provocó irritación en ojos y garganta a los presentes.
Unas semanas antes del asalto, cinco pequeños grupos habían hecho público un manifiesto titulado La España en Marcha, prácticamente desconocido hasta que entraron a empujones en Blanquerna. Aparecían como firmantes La Falange, Alianza Nacional, Democracia Nacional, Nudo Patriótico Español y Movimiento Católico Español. Exceptuando este último, todos contaron con dirigentes o miembros de sus listas electorales en el asalto al centro cultural.
En el texto apenas había novedades respecto al tradicional ideario ultraderechista, si bien los firmantes aprovechaban el auge del desafío separatista y exigían “la prohibición inmediata de la difusión de las ideas secesionistas con el cumplimiento íntegro de las penas para los delitos de lesa patria y de terrorismo”.
Un mes después, en la Fiesta de la Hispanidad, Montjuic midió si el proceso había azuzado la llama de la ultraderecha, como podría deducirse del ataque al centro cultural Blanquerna. Pero como en anteriores ocasiones, la convocatoria fracasó. Solo 300 personas respondieron a la llamada de La España en Marcha para que acudieran «patriotas» desde todos los rincones del país.
El fracaso del último intento por resurgir de la extrema derecha, al calor defenómenos como el griego, terminaba por estrellarse en la siguiente cita con las urnas. En las elecciones europeas de 2014, las de la irrupción de Podemos, la coalición de La España en Marcha cosechó 16.876 votos. El cainismo entre los partidos de la ultraderecha española volvió a hacer mella y, a estas alturas, solo tres de los cinco integrantes originales continúan en el frente común, que no concurrió como tal a las últimas elecciones generales.
Este lunes se sientan en el banquillo de los acusados varios históricos de la extrema derecha, entre ellos el líder de La Falange, Manuel Andrino, el vicepresidente de Democracia Nacional, Pedro Chaparro, y el destacado militante de Alianza Nacional Iñigo Pérez de Herrasti. La Fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno de ellos por un delito de desórdenes públicos y otro de daños.
Pérez de Herrasti, de 56 años, fue condenado a 14 años de prisión en 2000 por tenencia de explosivos y armas con los que pretendía atentar contra un autobus de familiares de presos de ETA. Es primo del ministro de Defensa, Pedro Morenés, y una de sus hermanas está casada con el titular de Cultura en funciones, Iñigo Méndez de Vigo, según publicó Ara.
Sánchez Llibre, agredido
En el juicio que arranca este lunes ejerce también la acusación el exdiputado de CiU y dirigente de Unió Josep Sánchez Llibre, protagonista involuntario de los hechos, al ser derribado de un empujón por uno de los ultraderechistas, como muestran las imágenes de las cámaras de seguridad que hoy publica eldiario.es. También fue agredido un cámara de la televisión autonómica catalana, cuyo trabajo aquel día también servirá de prueba. Empresa y trabajador están personados y también ejercen de acusación.
Es la Generalitat y Sánchez Llibre quienes exponen más delitos y solicitan penas más altas. A los citados, estas acusaciones suman otro contra la autoridad, amenazas, coacciones, injurias y ultraje a la bandera de Cataluña. La pena que conlleva este último es una multa de 10 meses con una cuota diaria de 10 euros. En total 16,9 y 15,9 años de cárcel para todos los acusados y uno más para Jesús Fernando Fernández Gil, el hombre que abre la comitiva de ultras a empujones, con gafas de pasta naranja y un pañuelo que ocultaba su rostro. Precisamente, este es el agravante.
Según el relato que hace la Fiscalía, cuando el delegado de la Generalitat en Madrid Josep María Bosch tomaba la palabra para presentar el acto, accedió al local «un grupo de personas previamente concertadas en la finalidad de protestar frente al mismo e impedir su celebración y actuando por motivos claramente ideológicos». Los quince acusados atentaron «contra la paz social y actuaron en grupo de forma conjunta», destaca el Ministerio Público.
Este extremo lo niegan algunas de las defensas, que piden la libre absolución de todos los acusados. El líder de La Falange, Manuel Andrino, defiende que no hubo concierto previo para acceder al local, ni «motivos claramente ideológico».
Es una estrategia distinta a la de otros acusados, entre ellos la de Pérez de Herrasti. En el escrito, el abogado de éste último coincide en que la presencia de su defendido se debió a una convocatoria por las redes sociales, pero el carácter ideológico de la misma queda reflejado cuando afirma: «Dado el cariz independentista que estaba tomando el Gobierno de la Generalidad, podía derivar en un acto de deslealta a España. La voluntad de mis representados era mostrar su protesta en el caso de producirse tal hecho».
