El PSOE llevará al Parlamento esta semana una proposición para instar al Gobierno de la nación a una ley sobre la materia en cumplimiento de la recomendación europea
MARÍA DOLORES TORTOSA. DIARIO SUR.- Los servicios policiales esclarecieron en Andalucía un total de 297 denuncias en 2014 relacionadas con hechos de discriminación por orientación o identidad sexual, origen racial o étnico con componentes de xenofobia o racismo o por presentar algún tipo de discapacidad. El total en España de denuncias fue de 1.285, de los que fueron esclarecidos 843 (65%) con 512 detenciones. De ellos los más numerosos son por identidad sexual y por racismo. La policía consideró que estos delitos, faltas e infracciones administrativas pueden ser consideradas delitos de odio.
Estos datos acompañan a la proposición no de ley que el PSOE presenta esta semana en el Pleno del Parlamento para instar al Gobierno de la Nación a una ley de igualdad de trato y no discriminación de carácter integral, que abarque todo tipo de desigualdad por razón de edad, orientación sexual, raza, discapacidad, género o creencia.
El PSOE necesitará del respaldo de PP, Podemos, Ciudadanos o IU para su aprobación, ya que no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. Fuentes socialistas confían en obtener el respaldo de todos los grupos.
La proposición no va más allá en realidad que la de una expresión pública del Parlamento andaluz ante el goteo incesante de denuncias sobre xenofobia y racismo en la sociedad y la carencia de un marco específico legal para castigarlas. Estando al final de la legislatura, incluso en el caso de ser acogida por el Gobierno central con receptividad, no daría tiempo a su tramitación y aprobación. Las Cortes se disolverán a final de octubre.
Fue lo que pasó en 2011. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en mayo de 2011 el proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No discriminación, una norma que pretendía acabar con cualquier tipo de desigualdad por razón de aspecto físico, edad, orientación sexual, raza, discapacidad, género o creencia. Obedecía a la directriz marcada por la Unión Europea, aunque iba más allá al concernirla al ámbito educativo además del ámbito laboral. La ley no pretendía crear derechos nuevos, sino preservar y garantizar los que ya dicta la Constitución española en su artículo 14. La norma decayó al no concluir su trámite antes de la convocatoria electoral anticipada ese año.
Nuevo intento
Después de aquel intento fallido, no ha habido otro por parte del Gobierno, pese a la queja reciente del Consejo de Europa a España por su falta de un marco normativo completo y su petición de «leyes anti discriminación más completas» para combatir los prejuicios contra judíos, gitanos y otras minorías. Insiste en que nuestro país debe «garantizar que todos los presuntos casos de incitación al odio, incluidos los cometidos en internet y en los medios de comunicación impresos y audiovisuales se investiguen de manera efectiva, lleguen a los tribunales y se sancionen».
Antes incluso, en 2103, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó una resolución en la que invita a España a «adoptar sin demora» una ley global anti discriminación, según recoge el texto de la proposición no de ley (PNL) del grupo socialista.
Este dice haberse hecho eco de la petición de organizaciones andaluzas de derechos humanos que reclaman un marco legislativo y un sistema de detección de estas infracciones y delitos contra el odio, aunque las fuerzas policiales hacen ya un esfuerzo en ello desde 2013 debido a la insistencia del Consejo de Europa. El PSOE incluye en su propuesta, dirigida al Gobierno de la Junta para que a su vez inste al de la Nación, a que se impulse un acuerdo social, político e institucional contra los delitos de odio con campañas de sensibilización y atención a las víctimas. También propone la coordinación e implicación de las administraciones estatal, autonómica y local y crear organismos de participación precisos en colaboración con las ONG.
