Pavol Stracansky
Praga, (IPS) – Mientras que el gobierno de la República Checa está siendo blanco de críticas por no cumplir su promesa de una enseñanza inclusiva, niños, niñas y adolescentes de la comunidad gitana en Europa oriental continúan siendo sistemáticamente excluidos del sistema educativo oficial
Varios fallos judiciales han revelado en los últimos tiempos la gravedad del problema, pero no han hecho que los gobiernos tomen medidas al respecto.
Pese a las reclamaciones de entidades como la Corte Europea de Derechos Humanos para que las autoridades garanticen a los gitanos un acceso adecuado a las escuelas del sistema, falta una acción seria, según organizaciones no gubernamentales.
«Investigaciones realizadas en varios países documentan la segregación, y los veredictos judiciales han confirmado que la discriminación en el acceso a la educación es una práctica común. Los gobiernos tienen que actuar rápidamente para frenar las prácticas discriminatorias», nos dice la coordinadora de Amnistía Internacional en la República Checa, Jana Vargovcikova.
La segregación de los romaníes en las escuelas está documentada en informes de Amnistía y de otras organizaciones, que subrayan la exclusión sistemática que padecen en todo el antiguo bloque oriental.
Mientras que varios fallos judiciales han confirmado casos individuales de discriminación educativa de gitanos en países como Croacia, Eslovaquia, Grecia, Hungría y República Checa.
El problema va desde la segregación explícita, donde niños y niñas de la comunidad roma reciben clases en aulas separadas dentro de escuelas del sistema oficial, hasta la ubicación de esos alumnos en colegios para discapacitados mentales -lo que según la Corte Europea de Derechos Humanos es una práctica generalizada- mediante la realización de pruebas defectuosas y discriminatorias de por sí.
Un estudio de la Open Society Foundation concluye que los niños gitanos en Eslovaquia y la República Checa tienen, respectivamente, entre 28 y 27 veces más probabilidades de ser destinados a escuelas especiales que los estudiantes que no pertenecen a esa etnia.
Otra investigación de la Inspección de Escuelas Checas sugería en 2011 que más de 3.000 alumnos de esos centros de enseñanza habían sido colocados allí sin que mediara ninguna prueba en absoluto.
En los últimos tiempos se ha dado en llamar a estas instituciones «escuelas prácticas», un cambio meramente cosmético al sistema educativo, según los críticos. A ellas se puede enviar a niños de incluso seis o siete años, y son permanentemente cuestionadas por ofrecer un programa limitado y por, efectivamente, impedir que esos alumnos alcancen su potencial educativo, profundizando un ciclo de pobreza y privaciones entre los romaníes.
Según un estudio de 2009 hecho en conjunto por el Instituto Checo para la Información sobre Educación y por el Ministerio de Educación, apenas el uno por ciento de los niños gitanos de las «escuelas prácticas» se inscriben luego en centros de enseñanza secundaria, en comparación con el 30 por ciento de niños gitanos que concurren a escuelas primarias normales.
Ciprian Necula, un activista romaní de 32 años que vive en Bucarest y trabaja en proyectos para ayudar a poner fin a la discriminación contra su comunidad en Rumania, nos relató lo ocurrido a niños gitanos ubicados en escuelas especiales.
«Por citar apenas un ejemplo, en Dumbraveni, en el centro de Rumanía, unos 500 pequeños gitanos concurren a escuelas para alumnos con discapacidades pese a no tener problemas. Esto se debe a que solo hablan el idioma romaní y no se integrarían en colegios comunes, y sus padres están felices porque sus hijos van a una escuela donde reciben una comida caliente», explica. «Pero cuando llegan a la edad de ir a la escuela secundaria, no saben ni leer ni escribir y apenas dibujar».
Los padres romaníes suelen estar contentos de enviar a sus hijos a esas escuelas porque están mal informados sobre lo que eso implicará para su desarrollo educativo, y también por temor a que esos niños sean víctimas de intimidación en un centro de enseñanza normal, o porque los costes de enviarlos a instituciones del sistema tradicional en lugares más alejados serían demasiado altos.
El gobierno checo había prometido erradicar las escuelas especiales como parte de un compromiso con una educación inclusiva. Pero declaraciones de la encargada plenipotenciaria del gobierno checo para los derechos humanos, Monika Simunkova, sugieren que el proceso de cerrar las «escuelas prácticas» se retrasará en relación al plazo fijado en principio para 2015.
Organizaciones no gubernamentales temen que ahora el gobierno se esté retractando de sus compromisos, presionado por padres que no son romaníes, por maestros de las «escuelas prácticas» y por psicólogos especiales que en los últimos tiempos han recabado unas 70.000 firmas para una petición contra el cierre de esos centros.
Según los activistas, el temor a que se cierren esas escuelas es irracional, ya que se puede capacitar a los colegios normales para que presten atención a niños con necesidades especiales.
Amnistía Internacional, el Centro Europeo para los Derechos de los Romas y la Open Society Justice Initiative enviaron el mes pasado una carta abierta al gobierno checo, solicitándole que implementara una moratoria a la inscripción de niños romaníes en «escuelas prácticas».
También le pidieron que realizara una evaluación exhaustiva del sistema para garantizar que ae cumpla con los estándares internacionales y regionales en materia de educación y no discriminación.
El gobierno todavía no ha respondido a la misiva.
Sin embargo, ha habido algunos ejemplos de avances contra la discriminación educativa en la región. En una escuela de Sarisske Michalany, Eslovaquia, donde hasta el año pasado los niños romaníes tenían aulas y lugares de almuerzo separados, todos los alumnos fueron integrados plenamente, tras un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos.
Organizaciones no gubernamentales locales sostienen que, tal como esperaban, la situación allí es «positiva», y los niños gitanos reciben una educación totalmente inclusiva.
Stefan Ivanco, del Centro para los Derechos Civiles y Humanos, dice «La escuela ha iniciado el proceso de introducir principios de educación inclusiva y desagregación y, lo que también es positivo, hasta ahora no ha habido señal alguna de ‘bandera blanca’, o ningún alumno ha desertado para ir a otra escuela».
