Los alumnos comienzan una huelga indefinida y Pedro Duque se encoge de hombros: «Los estudiantes a veces se apuntan a cosas. En Madrid pasaba lo mismo, es normal»
OLGA R. SANMARTÍN. EL MUNDO.- Vuelve la tensión a las universidades catalanas. Mientras los estudiantes comienzan este martes una huelga indefinida y los órganos de gobierno deciden esta semana si aplazan los exámenes, más de 800 profesores universitarios constitucionalistas ha alzado su voz. En una carta dirigida a los siete rectores de los campus públicos, piden la retirada de los manifiestos que los claustros han suscrito en los últimos días para pedir la libertad de «las personas presas políticas», reivindicar el derecho de autodeterminación y condenar la «represión policial» y la sentencia del procés.
«Estos manifiestos dañan la imagen de nuestras universidades y resultan lesivos con el derecho fundamental a la libertad ideológica de los discrepantes», advierten los firmantes en su misiva, que ha canalizado la asociación Foro de Profesores.
Muestran así su «desacuerdo» con lo que consideran como «un contenido aberrante» de «una extraordinaria gravedad», pues recuerdan que los órganos de gobierno de las universidades «carecen de legitimidad moral para pronunciarse sobre cuestiones de orden político en nombre de las personas a las que representan».
Y avisan de que «el hecho de que una administración se exprese en nombre de todos sus miembros implica una evidente agresión a otro derecho fundamental, la libertad ideológica, protegida por el artículo 16 de la Constitución».
«ABUSIVA Y PUNITIVA»
La Universidad de Barcelona, la Universidad Autònoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Lleida, la Universidad de Girona y la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona han suscrito unos comunicados prácticamente idénticos en los que protestan porque «se ha judicializado una cuestión estrictamente política, y los poderes del Estado han forzado el ordenamiento jurídico, con la aplicación abusiva y punitiva de la prisión preventiva».
«Lo que está amenazado no es sólo el soberanismo catalán», prosiguen los manifiestos. «La amenaza gravita sobre la integridad de las libertades y derechos fundamentales como los de manifiestación y de expresión, por una deriva autoritaria que criminaliza la disidencia. Esta excepcionalidad hace necesaria y urgente una respuesta cívica e institucional clara», recalcan.
Advierten que «no hay margen para el silencio» ante la «situación actual de represión y la erosión de las libertades y los derechos civiles». Y, al tiempo que abogan por el derecho de autodeterminación, reclaman la «inmediata» puesta en libertad de los políticos presos «injustamente condenados» y el sobreseimiento de todos los procesos penales, así como que se permita el retorno de «las personas exiliadas».
Por último, expresan su rechazo a la «represión y la violencia policial», que aseguran que «ha ocasionado graves lesiones a manifestantes, con el agravante de haber empleado métodos prohibidos en diferentes normativas, propias e internacionales».
MAYOR POSICIONAMIENTO
Este manifiesto es mucho más duro que el que las siete universidades públicas suscribieron tras el 1-O, donde abogaban por el «diálogo» pero no cuestionaban de forma tan contundente las actuaciones policiales ni las decisiones judiciales y no hablaban del derecho de autodeterminación. Ni siquiera mencionaban la palabra referéndum.
Ahora utilizan la terminología más combativa y apoyan las iniciativas presentadas por las asociaciones de estudiantes, que este martes inician una huelga indefinida para permitir «la movilización continua» contra la sentencia del Tribunal Supremo.
Están convocados por el Sindicat d’Estudiants y la Associació d’Estudiants Progressistes, que, como las universidades catalanas, reclama la amnistía de los presos políticos y el derecho de autodeterminación, así como aplazar actividades evaluables y de asistencia obligatoria y una evaluación alternativa para los que secunden la huelga.
El miércoles, el consejo de gobierno de la Universidad Autònoma de Barcelona debate si flexibiliza la evaluación de forma excepcional durante este semestre, algo que también se decidirá el jueves en el consejo de gobierno de la Universidad de Girona. Nueve de las 16 facultades de la Universidad de Barcelona han recomendado aplazar las actividades académicas y ampliar el plazo para acogerse a la evaluación única y en la Politècnica de Cataluña las escuelas van a debatir medidas para flexibilizar los exámenes.
Como respuesta a todo ello, el ministro de Universidades, Pedro Duque, ha dicho que no puede «mandar» a las universidades porque son «instituciones autónomas». Todos hemos tenido esa edad y los estudiantes a veces se apuntan a cosas, a movilizaciones también. Los rectores entienden que hay que dar cierto margen. En las universidades de Madrid pasaba lo mismo, es normal», manifestó el lunes.
