Los especialistas señalan entre las causas del repunte que falta implantar medidas ya aprobadas para proteger a las mujeres y el efecto del discurso negacionista de Vox
PILAR ÁLVAREZ. EL PAÍS.- La primera se llamaba Rebeca Alexandra Cadete y solo tenía 26 años. Fue apuñalada por su novio. Su hijo de cinco años se quedó sin madre. Nunca había denunciado. La última víctima del año, Yulia S. de 41 años, deja otros tres niños huérfanos. Tampoco había dado la voz de alarma, como ocurre en una abrumadora mayoría de los casos. Son 55 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en un año, 2019, que se cierra como el más aciago desde hace un lustro. Hay que remontarse a 2015 para encontrar un número de víctimas más alto. A las mujeres se suman además tres niños muertos, 34 desde que se incluyeron en el recuento oficial.
Aún es pronto para conocer a fondo los motivos de ese repunte y está por ver si se convierte en una tendencia en años posteriores. La violencia de género es un fenómeno complejo y de causas múltiples, pero distintos especialistas consultados alertan ya de que, junto la falta de medidas previstas pendientes de desarrollar, una de las causas que han influido en ese incremento es el discurso negacionista de Vox, que asegura contra el consenso institucional existente desde hace años tanto dentro como fuera de España que “la violencia no tiene género”. “No se puede decir que el aumento se deba exclusivamente a los mensajes contra la protección de las mujeres que lanza la ultraderecha pero sí es claro que es un factor que ha influido”, señala el forense Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género.
La gran mayoría de las mujeres asesinadas, como ocurrió con Yulia S. o Rebeca Alexandra Cadete, no acudieron nunca a pedir ayuda a las Administraciones. En este último año, cuatro de cada cinco (80%) no habían denunciado jamás. Es el porcentaje más alto desde 2012. Pero el sistema también falló a las otras 11 víctimas mortales que sí alertaron del peligro que corrían y que, en algunos casos, estaban hasta incluidas en el sistema de protección policial y judicial.
2019 ha sido el año en el que se rebasaron las 1000 asesinadas desde que hay datos oficiales —empezaron en 2003 y ya suman ya 1033— y también el aniversario de una ley pionera, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que cumple 15 años y que permitido que se reduzca el número de asesinadas —en los primeros años de recuento rondaban las 70 víctimas anuales y en estos últimos están en torno a 50— y ha cambiado la percepción social de un delito que se consideraba una cuestión íntima que se arreglaba de puertas para adentro. Y también es un año que será recordado por la llegada a las instituciones nacionales de un partido con ideología de ultraderecha, Vox, que rompe la unidad institucional, reclama derogar las leyes que protegen a las mujeres y exige retirar los fondos que se dedican a combatir los asesinatos.
LAS AGRESIONES PENDIENTES MÁS ALLÁ DE LA PAREJA
Hay otra contabilidad de víctimas pendiente, que el Gobierno empezó a elaborar en octubre de 2018. Son las mujeres asesinadas más allá de la pareja o expareja. Una lista que incluya casos como los de e Marta Calvo, Diana Quer o Laura Luelmo, a quienes mataron desconocidos tras agredirlas sexualmente. Esta ampliación cumple con el Convenio de Estambul, un acuerdo europeo que España firmó ya en 2014. “Debemos empezar a hablar de feminicidios, de asesinatos de mujeres por el hecho de serlo. Así los situamos como crímenes de Estado y todas serían tratadas jurídica y socialmente como víctimas de violencia de género”, reclama la magistrada Lucía Avilés.
“La actuación de Vox se traduce en que las víctimas miran con mayor desconfianza la protección institucional que se les puede ofrecer y los agresores ven reforzada su conducta”, valora la magistrada y fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas Lucía Avilés, que pide un “análisis profundo y objetivo para determinar todas las causas” del último repunte. “Los discursos contra la protección de las mujeres generan dudas en las víctimas y en los dispositivos de protección judicial y policial y mayores situaciones de riesgo, pero no establecería una situación causa efecto directa porque las asesinadas son solo la punta del iceberg de lo que ocurre”, considera la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.
Si finalmente sale adelante la investidura de Pedro Sánchez, prevista el 7 de enero, el nuevo Gobierno de coalición deberá afrontar las cuestiones pendientes que se han acumulado en el periodo en funciones, como implantar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 y casi sin desarrollar. Ese acuerdo parlamentario incluye, entre otras, medidas centradas en combatir, por un lado, la falta de denuncias y por la otra garantizar la protección a quienes sí se atrevieron a dar el paso.
“El 80% de las asesinadas no ha denunciado nunca pero podemos encontrar al 100% de las mujeres en el sistema sanitario y desde ahí desarrollar una estrategia global para protegerlas”, añade Lorente. El pacto prevé desde la generalización del cribado sanitario —que los médicos puedan aplicar medidas y cuestionarios para detectar y combatir la violencia— a la labor de ayuda de los Ayuntamientos antes de que las mujeres denuncien, para facilitar que una vez a salvo puedan hacerlo.
Soleto pone también el acento en la otra cara de esa misma realidad: las que sí se atrevieron a denunciar y aún así están muertas: “Si hubiéramos logrado protegerlas a lo largo de todos estos años, estaríamos hablando de más de 200 mujeres vivas. Es el mayor fracaso de todo este tiempo”.
Mejorar los juzgados
Además de subrayar que hay que poner el acento en la educación por la igualdad, desde que los niños y las niñas son pequeños, la magistrada Lucía Avilés pide que en 2020 “se expriman los instrumentos jurídicos que da la ley” y la dotación de más medios en los juzgados como las unidades de valoración forense, que ayudan a detectar mejor el riesgo de las víctimas con equipos de distintos especialistas o la utilización del protocolo forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, que se aplica apenas en el 1% de los casos, recuerda Avilés. “La mayoría de los casos se abordan en juzgados mixtos, que tienen que revisar desde una ejecución hipotecaria a un caso de violencia machista. Y existe una desigual distribución de los recursos judiciales, los juzgados de pueblo están en la mayoría de los casos colapsados respeto a los de la capital”.
Los menores también son considerados víctimas y Soleto pide para ellos “mayor protección” que la actual. “Hemos visto en demasiados casos que el sistema no da una respuesta adecuada sobre todo a las mujeres que tienen hijos”, recuerda la responsable de la Fundación Mujeres. Insiste, como el Defensor del Pueblo, en una máxima que no ha calado del todo en los juzgados: Ningún maltratador es un buen padre.
