Un informe del Gobierno vasco desvela que hasta 511 concejales en el año 2011 necesitaron ser escoltados
JOSEAN IZARRA. EL PAÍS.- «El último concejal es sujeto de ese pressing pues le persiguen, le amenazan, que aparezca en los medios de comunicación, le persiguen en la calle, inentan lincharlo, le hacen escraches delante de su domicilio en los que se pide su cabeza, pues oye su nombre ¡pim, pam, pum! o ETA, mátalo!Se dice que así se representa el conflicto», resume uno de los 14 testimonios recogidos en el informe realizado por la Universidad de Deusto sobre la violencia de persecución sufrida por cientos de concejales constitucionalistas en Euskadi. Un acoso en el que ETA ejecutó a 24 representantes públicos en una negra cronología que abrió Antonio Echeverría el 24 de noviembre de 1975 tiroteado al abrir la puerta de su casa, y que cerró Isaías Carrasco también tiroteado el 7 de marzo de 2008 cuando salía de su domicilio para ir a trabajar en un peaje de la autopista Ap-68.
José Ramón Intxaurbe, Eloísa González y Gorka Urrutia del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto son los autores de un informe encargado por el Gobierno vasco en el que se constata con datos y testimonios el acoso sufrido por cargos públicos por su condición de representantes de formaciones constitucionalistas. Un «ataque al pluralismo democrático» como constatan los autores perpetrado por los terroristas de ETA y por su entorno político y social que se muestra especialmente activo cuando, a partir de 2003, la ilegalizada izquierda abertzale se queda sin representación institucional y se dedica a perseguir a concejales de PP y de PSE-EE sin prácticamente apoyo político. La acusación de lapurrak(ladrones, en euskera) se convirtió en el estigma social contra cientos de concejales de pequeños municipios que arrastraban una diana perpetua. Entre los testimonios recogidos en el informe son varios los que describen situaciones cotidianas de concejales no profesionales que son amenazados y señalados por sus propios vecinos.
«Estaba escrito el nombre de mi marido y también el de la Ertzaintza y luego ESTÁIS MUERTOS. Pero así, igual no te exagero dos kilómetros. Desde la esquina para entrar en nuestra casa hasta la playa. Más de kilómetro y medio de pintada, que se dice pronto. Y eso a las 12 de la noche, ¿nadie los vio?», se pregunta entre las entrevistas recogidas en el informe la mujer de un cargo público amenazado.
«El alcance social de la violencia de persecución ha sido creciente», constata el informe y los fríos datos sólo reflejan pálidamente el terror que sufrieron cientos de cargos públicos y miles de sus familiares. Según los especialistas, en 1990 sólo 18 cargos locales llevaban escolta pero a partir del final de la tregua de ETA de 1998 el riesgo se multiplica y ya en 1999 hubo 113 cargos públicos escoltados. La ola sangrienta de atentados que la banda terrorista desplegó en el año 2000 multiplicó el número de personas amenazadas que requirieron una seguridad personal permanente con una doble pérdida de libertad que se repite en varios de los testimonios incorporados en el trabajo que ayer fue presentado por el secretario de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jonan Fernández. «Lo que es peor de llevar escoltas es que te condiciona la libertad. Ha habido personas que no han querido acercarse a mí porque tenían miedo. Lo más duro fue dejar de ser catequista, en la parroquia», recuerda otra de las víctimas que narran sus experiencias del anonimato en el informe elaborado por los especialistas de Deusto.
Expertos que plantean en sus conclusiones una asignatura pendiente de la izquierda abertzale. «En el caso que nos ocupa de la coacción ejercida por ETA y su entorno son las y los victimarios quienes deben manifestarse con rotundidad en su compromiso de reconciliación», señala el informe que incorpora la necesidad de que se realice «de una manera sincera» que incluya «el compromiso ineludible de no repetir los errores del pasado».
Fernández destacó en la presentación que el informe de acceso abierto en la página web de Gogora pretende ser un «ejercicio de empatía» para entender la situación de «opresión física, psicológica, familiar y humana» padecida por cientos de concejales.
