En nuestro país, al igual que en toda Europa y en otras regiones del mundo, se producen de manera reiterada situaciones de discriminación y delitos de odio. La Organización para la Seguridad y Coordinación en Europa (OSCE) ha venido insistiendo desde 1990 acerca de este grave problema, y ha demandado el compromiso de los gobiernos y de los estados. La preocupación alcanza a Naciones Unidas y al Consejo de Europa, que instaron con urgencia a adoptar medidas eficaces. También la Unión Europea que incluso planteó como valores superiores del ordenamiento jurídico, en su artículo 2 del tratado de la Unión, la no discriminación y la Tolerancia. En este sentido, las ONG que trabajamos contra la Intolerancia desde una perspectiva victimológica, insistimos en señalar que el daño que produce un delito de odio no solo afecta directamente a la víctima, sino también a su familia, sus amigos, su colectivo de pertenencia, su realidad asociada como a entidades que los apoyan y a toda la sociedad democrática que ve degradada la convivencia generando graves riesgos futuros para la paz.
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