La instructora cita a declarar a tres mandos y 13 agentes a principios de marzo
J.JIMÉNEZ GÁLVEZ. EL PAÍS.- El próximo marzo, un año y un mes después de la tragedia de Tarajal, 16 guardias civiles acudirán por primera vez como imputados a un juzgado a declarar por los hechos ocurridos en la mañana del 6 de febrero de 2014, cuando 15 inmigrantes murieron ahogados al intentar acceder a nado a Ceuta. La magistrada a cargo de la investigación, María del Carmen Serván, firmó el pasado martes una providencia por la que cita a tres mandos del Instituto Armado y a 13 agentes que estaban desplegados en la zona donde se utilizó material antidisturbios cuando los subsaharianos se encontraban en el agua.
«La juez va a investigar si las actuaciones de estos, y el uso que hicieron de las pelotas [de goma], pudieron influir en la muerte de los cinco sin papeles encontrados en las costas españolas», ha aclarado este miércoles, por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha añadido cómo la instrucción tendrá que determinar si estos agentes «pudieran ser responsables de un presunto delito de homicidio imprudente». Para ello, según consta en su escrito, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma llama en tandas de cuatro a los 16 efectivos de la Guardia Civil, que deberán personarse los días 3, 6, 10 y 11 de marzo «asistidos por un letrado».
Entre los convocados el próximo mes, como consta en la providencia de tres páginas a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se encuentran un teniente, un sargento y un capitán. «Este último era la mayor autoridad al mando sobre el terreno. Habrá que ver ahora si él daba las órdenes o las recibía de arriba», ha explicado Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las ONG personadas en la causa, que exigen responsabilidades penales y políticas por los hechos. Porque, en los días posteriores a la tragedia, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, negó el uso de material antidisturbios en el agua. Una versión que desmintieron después distintas grabaciones, lo que provocó la comparecencia del propio ministro del Interior en el Congreso de los Diputados.
Fuentes de la delegación del Gobierno en Ceuta, además de reiterar este miércoles su apoyo al instituto armado, han manifestado su «respeto» por la decisión judicial. La cual llega inmediatamente después de que la Audiencia Nacional devolviera la causa al juzgado de la ciudad autónoma, que se había inhibido del proceso el pasado 17 de diciembre, al considerar que las muertes de los 15 subsaharianos se produjeron en territorio marroquí. Una decisión que revocó posteriormente el magistrado Fernando Andreu, que instó el 29 de enero a la juez de Ceuta a continuar con las pesquisas. «Consideró que era la competente para instruir los hechos denunciados, dado que no está probado en qué aguas murieron los inmigrantes que trataban de entrar en nuestro país», ha subrayado el TSJA.
De momento, la instrucción de Serván se refiere únicamente a los cuerpos hallados en aguas españolas. La investigación sobre el resto de fallecidos se encuentra a la espera de recibir los datos solicitados a Marruecos por comisión rogatoria: el número de muertos hallados en la costa del país africano y el resultado de las autopsias practicadas a los cadáveres.
