El País.- La politóloga española Nour Al Hussen saca a la luz su caso para que “no se normalice” el lugar de nacimiento como “filtro” para arrendar una vivienda.
Nour Al Hussen tenía el alquiler de su nuevo piso cerrado, algo que no es fácil en un mercado donde abunda la demanda de techo y escasea la oferta. Había pagado la reserva de un estudio en Vigo, tenía avalista y la inmobiliaria le había fijado la fecha para firmar el contrato de alquiler. Envió sus datos a la agencia para culminar el proceso y todo cambió. “Me preguntaron dónde había nacido, de dónde salían mis apellidos”, cuenta esta politóloga española de 31 años, nacida en Raqqa (Siria), de padre sirio y madre gallega y criada en Galicia. Aquel interrogatorio de la empresa sobre sus orígenes se produjo el miércoles 16 de noviembre. Al día siguiente, cuando debería estar rubricando el contrato, la volvieron a telefonear para comunicarle que se olvidara: “Me cancelaron la firma del contrato. Me dijeron, sin cortarse ni un pelo, que la dueña no iba a alquilarme el piso por mi apellido y porque nací en Siria”.
Al Hussen ha decidido sacar a la luz su historia porque no quiere vivir “en un mundo donde algo así se normaliza, donde el criterio de raza o lugar de nacimiento puede ser un filtro para que te alquilen una vivienda”. “Eso va contra la Constitución y no hace falta ser jurista para darse cuenta”, afirma sobre el comportamiento tanto de la inmobiliaria como de la propietaria del piso. La agencia alegó que había sido la casera la que se había opuesto a arrendarle el estudio a una persona de origen árabe. Sin embargo, las primeras pegas por su apellido y lugar de nacimiento las puso la empresa y, aunque sus representantes le aseguraron a Al Hussen que romperían relaciones con la dueña tras esta discriminación, la compañía volvió a anunciar al poco tiempo en Internet la misma casa pidiendo una renta más alta. “Si te parece mal, no colaboras en el lucro”, esgrime la afectada, que prefiere no revelar el nombre de la inmobiliaria mientras se asesora para decidir qué medidas tomar.
La discriminación sufrida por Al Hussen coincide en el tiempo con la campaña “Sí es racismo”, del Ministerio de Igualdad. La iniciativa pretende promocionar el teléfono gratuito 900 203 041 que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) pone a disposición de las víctimas. La politóloga ya está tramitando una queja ante este servicio. Ella, que fue asesora en temas de asilo, nunca había sufrido en sus carnes el racismo de esta manera. “Siempre estás expuesta a comentarios sin gracia, pero alquilando nunca me había pasado. Ha sido como un sopapo en la cara, porque siempre me he sentido una privilegiada”, apunta. Ella, que se ha criado en Galicia y tiene estudios y trabajo, no quiere ni imaginar por lo que tienen que pasar los inmigrantes recién llegados y sin formación.
Al Hussen ha denunciado su caso en Twitter y “la exposición ha sido dura”. Tiene experiencia en el activismo y dice “tener callo” en el ágora despiadada de las redes sociales, pero le ha indignado recibir comentarios que justifican el comportamiento de la propietaria del piso. “Me han llegado a decir que ella ha actuado por seguridad jurídica. ¿Acaso mi apellido no da seguridad jurídica? ¿Acaso mi dinero no vale lo mismo que el del resto?”, replica. Ya ha encontrado otra vivienda: “El de esta inmobiliaria ha alucinado cuando le he contado lo que me pasó con la otra”.
Maniobras para enmascarar la discriminación.
El episodio vivido por Al Hussen no sorprende a los responsables de SOS Racismo en Galicia. Sus responsables aseguran que reciben denuncias de este tipo habitualmente. “Las inmobiliarias nos han dicho verbalmente que algunas aseguradoras les imponen un listado de nacionalidades a las que no se le hacen seguros porque son inquilinos conflictivos de por sí”, apunta Esther Lora, abogada de la oficina de información de denuncias de esta organización. Un estudio encargado por el Gobierno en 2020 desveló que más del 70% de las inmobiliarias contactadas empleaban “formas explícitas de discriminación” por origen, que incluían rentas o fianzas más elevadas.
En un caso como el de Al Hussen, el afectado puede interponer denuncia administrativa ante los servicios de Consumo o una denuncia penal por negación de acceso a un servicio privado, explica Lora. Este delito, recogido en el artículo 512 del Código Penal, prevé penas de inhabilitación profesional de uno a cuatro años para quienes “en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaran a una persona una prestación a la que tenga derecho” esgrimiendo “su pertenencia a una etnia, raza o nación” o su “origen nacional”.
SOS Racismo Galicia ya ha presentado denuncias acusando de este delito a locales de ocio que han vetado la entrada a personas racializadas, pero no prosperaron. Lora lo atribuye a que son discriminaciones difíciles de probar, ya que quienes las perpetran se preocupan de no dejar rastro por escrito o de utilizar maniobras que enmascaren las motivaciones racistas: “Nosotros hemos tenido casos de personas a las que les exigían seis meses de fianza. Muchas veces se deniegan alquileres simplemente poniendo requisitos imposibles”.
